El gobierno podría sumar una denuncia penal por la Ley de Medios

También en declaraciones radiales, el abogado constitucionalista Daniel Sabsay se mostró «en contra» de la sanción de este DNU al recordar que la Carta Magna «sólo lo permite en circunstancias excepcionales». Para el letrado, «aquí no hay excepcionalidad ni imposibilidad de convocar a sesiones extraordinarias en el Congreso».

Martín Sabbatella, por su parte, señaló que «la justicia prohibió expresamente tocar la actual regulación de Servicios de Comunicación Audiovisual hasta tanto se resuelva si es legal o no el decreto con el que se intervino AFSCA. Por lo tanto, Macri tiene que respetar al Poder Judicial, al Congreso y a todas las instituciones democráticas y dejar de actuar como un patrón de estancia». El dirigente fue desplazado de la presidencia de la AFSCA junto al resto del directorio con otro decreto que dictó la intervención, por 180 días, tanto del ente que aplica la Ley de Medios como de la AFTIC. «Eso significa que no puede sacar el DNU que anunció el Jefe de Gabinete, mediante el cual quieren arrasar con la Ley de Medios, porque se lo prohibió la justicia», explicó. Desde Villa Gesell, donde varias organizaciones afines del kirchnerismo continuaron con las llamadas «Plazas del Pueblo», el dirigente acusó al actual gobierno de construir «una patria para pocos».

La causa que inició Arias, por disposición del magistrado, deberá ir a sorteo en el fuero Federal. La medida precautelar no modifica la intervención ni implica reposición de los directores desplazados. Pero sí suspende cualquier acción efectuada a partir del martes 29 de diciembre pasado, incluyendo las medidas anunciadas a partir de esa fecha. De manera que, si finalmente se publica el DNU anunciado, el gobierno estaría infringiendo la resolución judicial. En los hechos, la resolución de Arias anula la medida de disolver AFSCA y fusionarla con AFTIC, creando Enacom, y suspende el despido de 15 directivos, además de todos los cambios anunciados a partir de allí en relación con la Ley de Medios. En términos políticos y jurídicos, el gobierno presidido por Mauricio Macri tiene dos caminos: apelar la resolución de Arias, para no exponer al presidente a una denuncia penal, o publicar el DNU y avanzar una vez más de facto para que Miguel de Godoy ponga en funcionamiento, de hecho, Enacom.