En defensa de Gils Carbó
Diputados y senadores del FpV brindaron una conferencia de prensa para rechazar la medida precautelar a través de la cual se suspendió la designación de fiscales dispuesta por Gils Carbó. Apuntaron contra el Poder Judicial.
El titular de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, y el jefe del bloque de senadores del Frente para la Victoria, Miguel Pichetto, defendieron este lunes la designación de fiscales subrogantes que realizó la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, al resaltar que «no es un acto de discrecionalidad».
«Los fiscales ya estaban designados, se actuó en el marco de la ley, algunos jueces paralizan la división de poderes», cuestionó Domínguez, durante la conferencia de prensa que brindó junto a Pichetto y legisladores oficialistas en la Cámara de Diputados.
«La resolución del juez carece de legitimidad», advirtió por su parte Pichetto sobre el freno judicial que sufrieron las designaciones y anticipó que «vamos a constituir la Comisión Bicameral de Seguimiento del Código Procesal Penal».
Del encuentro, que se realiza en las oficinas del bloque del FpV de la Cámara de Diputados, del tercer piso del Congreso, participan los titulares de los bloques de senadores oficialistas, Miguel Pichetto y de Diputados, Juliana Di Tullio, entre otros.
A través de un comunicado de prensa, la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja, Diana Conti (FPV), afirmó que «el Congreso Nacional, dentro de sus facultades constitucionales específicas (artículos 75 incisos 20 y 32 y el artículo 120, Constitución Nacional) ha creado por ley 27.063 nuevos cargos dentro del Ministerio Público de la Nación».
«Su creación fue de absoluta necesidad y razonabilidad no sólo para la cercana aplicación de un nuevo procedimiento penal, sino para la mejor eficacia de la actuación de los fiscales y la defensa publica en la actualidad. Así se fundamentó en el debate legislativo», destacó la diputada en el comunicado, donde aseguró que Alejandra Gils Carbó «consustanciada con esa necesidad, prontamente llenó los cargos con total legitimidad y legalidad».
Conti afirmó además que «son facultades propias del Congreso para crear cargos judiciales y del Ministerio Público, las que se intentan impedir sin fundamento legal alguno y en defensa de intereses corporativos espurios».
Domínguez había señalado el fin de semana que «esta decisión judicial desprecia la soberanía popular que representa el Congreso argentino» y aseguró que la «ley número 27.063 Anexo I, claramente expresa y ordena designar fiscales para que pueda operar el código procesal penal, es deber y derecho de la Procuración General de la Nación hacerlo y no todo lo contrario».
