Escándalo informático jaquea datos clave del Poder Judicial
Un escándalo sin precedentes, mantenido hasta ahora en estricta reserva, puso bajo la mira el funcionamiento del sistema informático que controla el Poder Judicial. A las irregularidades comprobadas en el sorteo de la causa por la muerte del fiscal Alberto Nisman -que derivaron en una denuncia penal por parte de la Cámara Federal-, se le sumó un hackeo al juzgado federal de Paso de los Libres y el borrado de toda la base de datos que contiene la información de sueldos de todo el Poder Judicial, hace pocos días. La sospechosa intromisión en los sistemas indica la extracción de toda esa información, referida a cuánto cobran por nómina todos los magistrados y empleados judiciales del país, al mismo tiempo que fueron eliminados todos los registros de la mesa de entradas del Consejo de la Magistratura de los últimos quince días.
La sumatoria de irregularidades costó el desplazamiento del director general de Tecnología del Consejo de la Magistratura, Gabriel Mehlman, por parte del administrador general, Juan Carlos Cubría, el pasado 13 de junio. Pero la mayoría oficialista de los consejeros lo repuso en su cargo el jueves último, aduciendo que el funcionario no tenía facultades para echarlo sin consultarlo con el pleno. El sistema informático que utiliza la Justicia -el Lex 100- ya había sido objetado cuando fue licitado por el exadministrador Germán Krieger. La millonaria adquisición sólo remozó algunos vicios del anterior sistema informático que provee los algoritmos para realizar los sorteos automáticos de causas en la Cámara Federal. Esa compra mereció una causa penal que instruye Ariel Lijo. Mehlman -pese a los cuestionamientos que comenzaron a arreciar sobre él- apunta a ser el encargado del diseño de un nuevo sistema informático para los sorteos de jurados para concursos de jueces, con el que el Consejo busca avanzar.
El caso Nisman
El juez federal Sebastián Casanello debió haber asumido la investigación por la muerte del fiscal Nisman, cuando el expediente fue girado a la Justicia federal por orden de la Cámara del Crimen, previo a que ese fallo fuese revocado por la Casación ordinaria. En un episodio sin precedentes, el 11 de abril a las 11.40, se reportó un inconveniente con la asignación de la causa CCC 3559/2015, tras un llamado telefónico de la secretaria general de la Cámara, Susana Echevarría, quien comunicó que pese a exhibirse en las pantallas del sorteo la leyenda «Fallo en Transacción», el Sistema de Gestión Judicial -que se reproduce en simultáneo en el Centro de Información Judicial (CIJ)- había asignado el Juzgado Federal N° 7. En ese momento, intervino el propio Mehlman personalmente, y en comunicación con Echevarría, por orden de Irurzun -según consta en la documentación bajo investigación- decidieron «invalidar lo actuado en el sistema», con el objetivo de devolver la causa a un estadio previo a su procesamiento inicial. Esa tarea fue realizada de forma manual por Mehlman, lo que dejó sin operaciones al sistema por más de dos horas. Finalmente, el nuevo sorteo ocurrió a las 14.48 de ese día, con el resultado de asignación conocido: el juzgado a cargo de Julián Ercolini. Al secretario del Juzgado N°25 que dirige Fabiana Palmaghini, y que se encontraba monitoreando el proceso, le dijeron que era «usual» la interrupción del sistema. Se labró un acta por este hecho.
Supresión manual
Según el diagnóstico posterior de las áreas técnicas, el error «se produjo en la etapa de visualización» del resultado debido a una «secuencia de programa mal resuelta». De los dos procesos que corren en simultáneo, el primero se encarga de asignar, mediante un algoritmo, la causa en los juzgados disponibles, de acuerdo con una fórmula que distribuye equitativamente la carga de trabajo. En ese proceso, se elimina la radicación anterior del expediente para su reasignación. El segundo proceso simultáneo muestra los resultados en pantalla en tiempo real según su avance. Ese día, el segundo proceso falló porque buscó un registro (el juzgado anterior) que el primer proceso ya había borrado al asignarle la causa a Casanello. En el camino, todos los involucrados desecharon la posibilidad de realizar un sorteo manual con bolillero, tal como lo permite una acordada de la Corte Suprema, para casos donde el sistema sale de funcionamiento.
Lo inusual del episodio y de su resolución obligó a Irurzun a realizar al día siguiente una denuncia penal por un posible delito de acción pública. Esa denuncia fue girada al Consejo de la Magistratura bajo el N°2434/2016, y peregrinó por varios juzgados, entre ellos el del propio Casanello y el de Ercolini, que se excusaron. Ahora la instruye Claudio Bonadio. El 18 de abril, el titular del Consejo, Miguel Piedecasas, ordenó una «urgente» investigación.
Mehlman reconoció su participación y cerró filas con Echevarría el 27 de abril en un informe ante Cubría. Sostuvo que no existió una «intrusión o adulteración» en el sistema, pero que como carece de un reseteo una vez que una operación es realizada, debió «suprimir» los registros agregados con la asignación al juzgado de Casanello. Todo eso teóricamente para devolver el expediente al estado anterior a que fuese sorteada.
Sueldos borrados
Entre el 6 y el 10 de junio, personal que se desempeña en el Data Center del Consejo de la Magistratura, ubicado en Lavalle 1240, informó que la base de datos de la nómina del Poder Judicial fue intrusada y que se eliminaron todos los datos referidos a salarios de empleados y jueces. Desde allí se comandan y se almacenan todos los datos clave del funcionamiento de la Justicia en la Argentina. El alerta por el borrado, que hubiese implicado que días antes, nadie en la Justicia cobrase sus sueldos, fue comunicada el domingo 12 de junio.
Al día siguiente, Cubría dispuso a través de las resoluciones 1652 y 1653, el cese de Mehlman como director general de Tecnología debido a la «gran cantidad de inconvenientes técnicos en los diferentes sistemas», lo que generó «pérdida de valiosa información».
El 23 de junio, el plenario exhortó a Cubría a revertir esa disposición, y votó -con excepción del diputado del PRO Pablo Tonelli y del bloque K- suspender las resoluciones del administrador general del Consejo, con lo que de esa forma, protegió a Mehlman.
