Escándolo nacional por el fallo judicial que podría dejar en libertad a 800 presos
La situación ocurre en Mendoza. Patricia Bullrich intenta que la Corte Suprema de la provincia no ejecute la medida.
La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, definieron este viernes vía teleconferencia las líneas de acción a seguir para intentar revertir el fallo de la Corte provincial que podría liberar a 800 presos mendocinos procesados sin sentencia.
El Ministerio de Seguridad informó en un comunicado que “el objetivo planteado es que la Corte Suprema no implemente y no ejecute en forma material este fallo y buscaran que esta dicte una acordada de suspensión o prorroga hasta tanto se convoque a los poderes ejecutivo y legislativo de la provincia”.
“A la vez -continúa el comunicado-, se evalúa convocar, en el marco de la ley de seguridad interior a la mesa de crisis en conjunto con el Ministerio de Seguridad ya que al ser Mendoza una provincia de frontera esta decisión podría alterar la política de seguridad dictada a nivel nacional y disponer de una cantidad de recursos que deberían ir a la lucha contra el narcotráfico a la ejecución del mencionado fallo”.
En la teleconferencia, Bullrich estuvo acompañada por el secretario del Consejo de Seguridad Interior, Gerardo Milman, y el secretario de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios, Públicos y Legislaturas, Gonzalo Cané, mientras que junto al gobernador Cornejo estuvo el ministro de Seguridad provincial, Gianni Venier.
El fallo de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza hizo lugar a un hábeas corpus colectivo que permitirá la inmediata liberación de más de 800 personas procesadas sin sentencia.
Según evaluaron hoy los funcionarios en la teleconferencia, la decisión producirá diversos efectos, entre los cuales destacaron “crear un ambiente de indefensión en la población de la provincia, poner en peligro la integridad de quienes colaboraron como testigos con el sistema judicial y, fundamentalmente, generar un claro estado de ‘gravedad institucional al provocar una situación de emergencia de seguridad”.
“Esta decisión judicial es contraria al diagnóstico efectuado por las autoridades locales en la última reunión del Consejo Federal de Seguridad, donde se votó unánimemente por la necesidad de declarar la emergencia en seguridad pública”, agrega el parte de prensa del ministerio.
