El debate del proyecto que deroga las leyes Cerrojo y de Pago Soberano y autoriza a la emisión de deuda por 12.500 millones de dólares para cerrar el litigio con los fondos buitre dio su primer paso en Senado, con la exposición del ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, en el marco de un plenario de comisiones, en el que ratificó que la cancelación de esos compromisos evitará la implementación de un «ajuste» económico.
Apenas seis horas después de que la Cámara de Diputados le diera media sanción a la iniciativa, Prat Gay inauguró el debate en el Senado y defendió la propuesta ante los legisladores de las comisiones de Presupuesto, que preside Juan Manuel Abal Medina (FpV), y de Economía, conducida por Eduardo Aguilar (FpV), en el salón Azul del Palacio legislativo.
Desde el oficialismo, la vicepresidenta Gabriela Michetti salió a dejar en claro la agenda que pretenden llevar adelante: prevén tratar el proyecto de normalización de la deuda el miércoles 30 de marzo, tras los feriados de la próxima semana por el Día de la Memoria y por el Viernes Santo.
Prat Gay, ante el plenario de comisiones del Senado
El ministro de Hacienda y Finanzas, acompañado por el secretario de Finanzas, Luis Caputo; por el Procurador del Tesoro, Carlos Balbín; y por el asesor letrado del gobierno en materia de deuda, Eugenio Bruno, Prat Gay dijo que con el pago a los holdouts «no sólo se resuelve el problema, sino que se reduce a la mínima expresión una eventual litigiosidad, sin aumento de deuda».
Los funcionarios dejaron en claro ante los senadores que el Poder Ejecutivo «no va a avanzar ni en la emisión de bonos, ni mucho menos con el pago, hasta que no exista certeza de que todas las cautelares serán levantadas», en respuesta a consultas formuladas por los senadores -en especial por el titular del bloque del FPV, Miguel Pichetto- sobre la decisión adoptada el viernes pasado por la Cámara de Apelaciones de Nueva York de avalar un pedido de «stay» formulado por los holdouts.
En su intervención, Caputo remarcó que el gobierno «no está emitiendo deuda, sino cambiando deuda» y agregó que se trata de «reemplazar deuda más cara por deuda más barata porque la deuda que se cancela crece mucho más rápido que la que se está emitiendo».
Además de reiterar que la cancelación de las obligaciones con los fondos buitre «significará acceso al mercado» internacional y permitirá evitar un «ajuste» que el gobierno nacional «no quiere hacer», Prat Gay precisó que el «resultado final» de lo que deberá pagarse a los buitres ascenderá a 11.684 millones de dólares, cifra que representa una «quita del 38 por ciento» respecto a la sentencia judicial y del «56 por ciento en los intereses» sobre una deuda total calculada en 18.995 millones de dólares.
También apuntó que los tenedores de deuda reestructurada -que entraron a los canjes de 2005 y 2010- tendrán incluso un mejor resultado que los holdouts, debido a que en la proyección final «van a cobrar más» que lo que se acordó ahora con los fondos buitre, en base a una «tasa de capital más intereses acumulados del 4,8 por ciento» anual.
«Si no hay acceso al mercado no queda otra que un ajuste, que no queremos hacer, y la situación financiera va a ser mucho peor para las provincias y para la Nación», respondió el ministro de Hacienda ante una de las consultas de los senadores sobre las consecuencias de no lograr poner fin al litigio con los fondos buitre.
El ministro destacó que «cerca del 90 por ciento de los litigantes de Nueva York ya acordaron con Argentina» y que sólo falta alcanzar un entendimiento con el 10 por ciento restante de tenedores con sede en esa ciudad, de Alemania y otros que todavía no fueron identificados.
En la extensa reunión, que comenzó alrededor de las 16 y que pasada las 21 todavía continuaba, el funcionario destacó que, con su estrategia de negociación, el gobierno logró un «ahorro adicional del 20 por ciento sobre sentencia negociada» al haber acordado el pago en efectivo y reseñó que la deuda inicial de Argentina, de 6.100 millones de dólares, se transformó «a través de litigios y fallos desfavorables en 18.995 millones», con «más de 50.000 acreedores litigando contra el país».
Convencido de que la iniciativa debe tratarse como una «política de Estado», Prat Gay advirtió a los senadores: «Este debate es muy importante; esto no es una urgencia del nuevo gobierno, sino algo que arrastra el país hace muchos años; se trata de poner fin a casi 15 años de default, que costaron muchas frustraciones, millones de puestos de trabajo y créditos que no llegan a Argentina».
El plenario dejó ver algunos contrapuntos entre los funcionarios del gobierno y los senadores del Frente para la Victoria (FpV), Miguel Angel Pichetto, y José Mayans.
Pichetto reclamó precisiones sobre cómo tiene previsto responder el gobierno ante la posibilidad de que la justicia estadounidense no levante las medidas cautelares que impiden el pago a los bonistas reestructurados del 2005 y 2010, un escenario que los funcionarios del gobierno rechazaron.
En tanto, Balbín dijo que «no sería lógico» que el juez neoyorquino Thomas Griesa «construya una respuesta contraria» al interés de Argentina, luego que se deroguen las leyes Cerrojo y de Pago Soberano de Deuda, y Bruno subrayó que el Poder Ejecutivo «no va a avanzar ni en la emisión de bonos, ni mucho menos con el pago, hasta que no tengamos la certeza de que todas las cautelares serán levantadas».
