Jornada histórica: continúan las exposiciones en el debate por la legalización del aborto seguro

La sesión en Diputados comenzó pasadas las 11 y se espera que dure -como mínimo- 20 horas. Aún quedan legisladores indecisos que pueden inclinar el resultado de -lo que se estima- una ajustada votación.

En un jornada histórica y tras dos meses de debates en comisiones, finalmente el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito llega al recinto para ser debatido en la Cámara de Diputados. La maratónica sesión, que fue convocada a las 11, se estima que durará más de 20 horas.

Los diputados que promueven la legalización del aborto consiguieron ayer firmar el dictamen de mayoría, con 64 rúbricas, por lo cual, su proyecto será votado en primera instacia. En tanto, el dictamen de minoría, el proyecto que rechaza la la interrupción del embarazo sólo consiguió 57 firmas, entre los legisladores que integran las comisiones de Legislación General, Salud, Familia y Legislación Penal.

El diputado macrista Daniel Lipovetzky dijo que «los cientos de abortos clandestinos que existen en la Argentina son un problema que debemos resolver», y defendió la constitucionalidad del proyecto de legalización de esa práctica, al afirmar que «no hay ningún artículo de la Constitución que prohíbe la despenalización del aborto», al exponer como miembro informante en el histórico debate en la Cámara baja.

A su turno, la titular de la comisión de Mujer y Familia, la radical Alejandra Martínez sostuvo que «ha quedado en claro que el aborto existe en Argentina, que las argentinas abortan todos los días y que hay casos en los cuales el Código Penal permite esta práctica desde hace casi 100 años»

«El debate ha dejado en evidencia que estamos ante una problemática de salud pública. Las palabras del Ministro de Salud Rubinstein, como las de otros ex ministros de esa misma área, nos obligan a pensar a esta cuestión desde el punto de vista sanitario. En el país tuvimos 47.063 hospitalizaciones por abortos en 2014, y entre 44 y 53 mil egresos anuales en los últimos cinco años disponibles. Hubo 43 muertes maternas por esta causa en 2016, lo que nos lleva a una tasa de mortalidad por embarazo de 5,9 por cada cien mil nacidos», explicó

«Sería un gran derroche y una gran tristeza que, luego de un proceso tan genuinamente democrático, todo termine en el rechazo liso y llano», agregó.

Los votos están cabeza a cabeza, con una leve ventaja para los detractores del proyecto y aún hay una docena de indecisos. El ex candidato a gobernador de San Luis por Cambiemos, José Riccardo (UCR); el macrista tucumano Facundo Garretón y el peronista catamarqueño Gustavo Saadi, forman parte del grupo de 12 diputados que aún no han definido su postura o que por lo menos no la han manifestado públicamente a causa de las presiones ejercidas por los sectores de la Iglesia.

Sin posicionarse entre los 122 que están en contra y los 121 que se expresaron a favor, también aparecen Héctor Stefani (Tierra del Fuego), además de los kirchneristas formoseños Inés Lotto y Gustavo Fernández Patri.

Los pampeanos Melina Delú y Ariel Rauschenberger, del peronismo; la santiagueña del oficialismo provincial Mirta Pastoriza tampoco se han expresado públicamente sobre el tema. En esta lista también están la oficialista misionera Verónica Derna, el peronista riojano Danilo Flores y la cordobesa Alejandra Vigo, esposa del gobernador de esa provincia, Juan Schiaretti.

En caso de empate, y tras reabrirse la votación luego de un periodo reglamentario de discusión, el desempate quedará en manos del presidente de la cámara Emilio Monzó.

El texto que llegará al recinto elaborado por los diputados que respaldan la iniciativa se basa en el proyecto de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que ese colectivo presenta desde 2006, y recibió al menoscuatro modificaciones en busca de sumar mayores consensos y tentar a los legisladores aún indecisos.

Entre esos cambios se incorporó la objeción de conciencia, que habilitaría a los profesionales a ejercerla de manera individual pero no así a las instituciones de salud.

Otra de las modificaciones está vinculada al artículo que habilita a las adolescentes de entre 13 y 16 años a someterse a un aborto sin la autorización de sus padres, punto que quieren eliminar para que esa situación quede supeditada a lo dispuesto por el Código Civil y Comercial.

También se contempla el aborto después de la semana 14 en casos de «malformaciones fetales graves incompatibles con la vida extrauterina» y de violación, en los que bastaría una declaración jurada de la mujer para realizar la práctica, sin mediar intervención judicial.

Una última modificación consiste en poner a disposición de las mujeres que manifiesten voluntad de abortar la información necesaria para que tomen la decisión, que incluiría un período de reflexión obligatoria e incorporaría medidas para reforzar la educación sexual además de crear consejerías de atención integral a cargo de equipos interdisciplinarios para acompañar a la mujer antes y después de la interrupción del embarazo.

El proyecto establece que «en ningún caso será punible el aborto practicado con el consentimiento de la mujer» y contempla penas que van de 3 a 10 años al que practique un aborto sin ese consentimiento, que se elevan a 15 años en caso de muerte de la paciente.

Otro punto clave es que se obliga a los hospitales públicos, prepagas, obras sociales sindicales, del Congreso, de las Fuerzas Armadas y PAMI a realizar la práctica médica del aborto.