Justicia reabre proceso a Dilma que puede jaquear su presidencia

La Justicia de Brasil abrió una investigación contra la presidenta Dilma Rousseff sobre presuntas irregularidades cometidas en la campaña por la reelección conquistada en octubre de 2014.

El Tribunal Superior Electoral (TSE) aprobó por cinco votos contra dos proseguir con el proceso por presunto «abuso de poder económico» en el financiamiento de la campaña concluida con la reelección de Roussef frente a Aécio Neves, del Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB).

De ese modo el TSE acogió la Acción de Impugnación de Mandato Efectivo presentada por el PSDB que demanda la anulación del triunfo de Rousseff.

El PSDB, del senador Aécio Neves, derrotado en las elecciones, sostiene que los gastos electorales de Rousseff fueron financiados con dinero vinculado al escándalo de sobornos y lavado de dinero en Petrobras.

Los abogados del PSDB plantean que las empresas que aportaron dinero para financiar a Dilma lo hicieron luego de recibir contratos en Petrobras y como parte de un acuerdo ilegal con el Partido de los Trabajadores (PT).

El ministro Gilmar Mendes, impulsor de la reapertura de la causa, expresó su conformidad con la decisión pues permitirá ligar las próximas averiguaciones del tribunal electoral con las investigaciones de la causa por el «Petrolao».

El escándalo de lavado de dinero y sobornos en Petrobras se tramita en la causa «Lava Jato» que se sustancia en la justicia federal del estado de Paraná, en el sur brasileño.

Por estas horas, el gobierno brasileño intenta además suspender el análisis en el Tribunal de Cuentas (TCU) de las finanzas públicas relativas a 2014, que habrían presentado irregularidades.

En la sesión, el TCU analizará las irregularidades detectadas en la rendición de cuentas, y votará si recomendará al Congreso aprobarlas o reprobarlas. Si el Legislativo las reprueba, la presidente puede enfrentar un juicio y ser destituida.