La relación entre los últimos dos presidentes y el empresario detenido Lázaro Báez deberá ser investigada por el juez federal Sebastián Casanello en el marco de una causa por presunto lavado de dinero, según ordenó la Cámara Federal porteña, que además confirmó el procesamiento con prisión preventiva del empresario que amasó una fortuna como concesionario de obra pública.

Los integrantes de la sala II de la Cámara exigieron que se avance «sin demoras» en la investigación de la relación entre Báez y el matrimonio Kirchner porque creen que allí podrían respuestas al origen de los fondos obtenidos de manera ilícita.

Los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farha -Horacio Cattani no firmó porque está de licencia- sostuvieron que el hecho de que la hipótesis formulada por el juez «cuente con elementos de respaldo no implica perder de vista que, con ella, quedó reflejada la desatención, hasta aquí evidenciada, que se ha hecho de aspectos inseparables de los hechos».

El procesamiento y la detención de Báez se produjeron en el marco de la causa en la que se investiga, entre otros hechos, uno particular de lavado de divisas ocurrido en los últimos meses de 2012, cuando se le atribuye haber introducido más de 5 millones de dólares en la financiera SGI para disimular y ocultar su origen.

La maniobra quedó registrada por las cámaras de seguridad de SGI -también conocida como «La Rosadita»- y fue difundida a principio de este año a través de diversos medios de comunicación sin que en ningún caso se revelara el origen de las imágenes.

Por ese hecho también fue procesado con prisión preventiva confirmada el contador Daniel Perez Gadin a quien el juez señaló como el hombre de Baéz en la escena en la que podía verse un grupo de personas contando millonarias sumas de dinero.

También fueron confirmados los procesamientos de Martín Báez; Sebastián Pérez Gadín; el titular de SGI, Cesar Fernández y el titular de la firma Top Air, Walter Zanzot. Según el fallo, el hijo de Lázaro habría transportado los fondos ilícitos en un avión de esa compañía área.

La hipótesis principal sobre el origen de los fondos ilícitos es el «fraude impositivo proveniente de la utilización de facturas apócrifas», destacaron los camaristas en relación al fallo del juez, pero luego le reclamaron que avance sobre el presunto vínculo con «las más altas» autoridades del gobierno anterior.

«El repaso del expediente demuestra que la sospecha sobre el origen delictivo de esos fondos aparece expuesta claramente a partir de la fundamental actividad económica del principal imputado hasta ahora (la construcción), gestada a consecuencia y/o con estrecha relación de sus conocidos vínculos (personales y comerciales)» con el matrimonio Kirchner, sostuvieron.

También resaltaron «la múltiple y millonaria obra pública que le fue adjudicada a lo largo de los mandatos de ambos (presidentes), a partir de la cual habría dejado de ser un empleado bancario para convertirse en un empresario contratista del Estado dueño de un importantísimo patrimonio».

«El más elemental sentido común torna necesario que se avance sobre las sospechas que vinculan a la procedencia ilícita de los bienes, con la larga lista de adjudicaciones de obras públicas que beneficiaron a empresas de Lázaro Báez en forma paralela a las relaciones -cuanto menos- personales y comerciales que lo unían con las más altas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional y a la posible decisión directa o influencia ejercida para que ello ocurra», señalaron.

Además indicaron que «la posibilidad de un acuerdo de voluntades, con permanencia en el tiempo y división de roles, fue hace tiempo introducida en la causa como hipótesis, sin que se la haya profundizado debidamente» por lo que remarcaron: «La tarea deberá ser abordada sin demoras».