La Corte confirmó a Lorenzetti como presidente

El máximo tribunal ratificó «total y absolutamente» la acordada que reeligió a su presidente Ricardo Lorenzetti y a la vicepresidenta Elena Highton de Nolasco para ocupar nuevamente los cargos a partir del 1 de enero de 2016.

La Corte Suprema de Justicia ratificó «total y absolutamente», mediante un breve comunicado de prensa, la acordada que reeligió a su presidente Ricardo Lorenzetti y a la vicepresidenta Elena Highton de Nolasco para ocupar nuevamente esos cargos a partir del 1 de enero de 2016, pero no hizo referencia a los cuestionamientos sobre la participación del juez Carlos Fayt en la elaboración de ese documento.

El Centro de Información Judicial (CIJ) -portal de noticias que depende de la máximo tribunal- publicó hoy un texto de apenas 210 caracteres y sin firma en el que ratificó “las autoridades designadas mediante acordada 11 del 21 de abril de 2015”, luego de que desde el entorno de Lorenzetti difundieran que estaba evaluando no asumir el nuevo mandato tras haber sido cuestionado.

La acordada 11, que dio a Lorenzetti la posibilidad de presidir la Corte Suprema por un cuarto período, fue cuestionada porque en uno de sus párrafos decía que había sido firmada en “la sala de acuerdos del tribunal” en presencia de todos los ministros, algo que no ocurrió porque Fayt habría firmado el documento en su casa con ayuda de uno de sus asistentes.

“La Corte Suprema de Justicia de la Nación comunica que, ante versiones publicadas en el día de la fecha, ratifica total y absolutamente las autoridades designadas mediante acordada 11 del 21 de abril de 2015”, rezó el comunicado publicado por el CIJ.

Las “versiones periodísticas” fueron, en rigor, informaciones difundidas desde el entorno del titular de la Corte Suprema de Justicia que indicaban que Lorenzetti le había comentado a sus pares Juan Carlos Maqueda y Highton de Nolsaco que, por “cansancio moral”, luego de haber sido cuestionado prefería no asumir el nuevo mandato que comenzaría en enero.

Las “versiones periodísticas” se acrecentaron luego de que el periodista de Página/12 Horacio Verbitsky manifestó anoche que el propio titular de la Corte, mediante una carta, le adelantó «la inmerecida primicia» de que dejaría el cargo, luego de la serie de notas publicadas por ese matutino en las que se relataron las irregularidades cometidas por los ministros supremos al adelantar la reelección de Lorenzetti.

El comunicado difundido este martes por la el CIJ no fue acompañado por ningún documento, ni se aclaró quiénes lo suscribieron: fue escrito en nombre de “la Corte Suprema” pero circuló cuando Lorenzetti estaba camino a Italia y mientras Fayt sigue sin asistir a su despacho en los Tribunales de Talcahuano.

La saga de versiones, cartas y ratificaciones se produjo luego de que distintos actores políticos y judiciales pusieran en duda la legitimidad de la nueva elección anticipada de Lorenzetti como presidente del máximo tribunal y advirtieran que pudo haberse cometido un delito en su designación.

El constitucionalista Eduardo Barcesat explicó que si se comprueba que Fayt no estuvo presente a la hora de la firma del acuerdo, tal como relató Verbitsky, constituiría una “falsedad ideológica en un instrumento público, lo que además de constituir un delito, puede derivar en la nulidad de esas resoluciones”.

Desde el punto de vista político, los cuestionamientos se enfocaron en la decisión de adelantar nueve meses la elección del presidente de la Corte.

El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, dijo que la reelección anticipada del titular de la Corte “es una falta de ética total”, considerando que recién entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 2016.

En la actualidad la Corte Suprema de Justicia se encuentra funcionando con cuatro miembros, uno menos del estipulado, y la oposición informó que no avalará la postulación de ningún candidato propuesto por el Poder Ejecutivo como fue el caso de Roberto Carlés, cuyo pliego se encuentra frenado en el Senado.

De los cuatro ministros de la Corte, Fayt no concurre habitualmente a trabajar y quienes circulan los pasillos de tribunales aseguran que no se encuentra en condiciones de estudiar o tomar decisiones sobre un expediente judicial.