La Defensoría de las Personas con Discapacidad pide que los curas del Instituto Próvolo se vayan y entreguen el edificio
Tras el escándalo por abusos sexuales de menores hipoacúsicos que involucra a sacerdotes y empleados del Instituto Antonio Próvolo de Mendoza, la Defensoría de las Personas con Discapacidad de esa provincia pidió ser querellante en la causa, y reclamó el retiro de la congregación y la entrega del predio ubicado en Luján de Cuyo.
La vicegobernadora provincial, Laura Montero, y el titular de la Defensoría, Juan Carlos González, ofrecieron ayer una conferencia de prensa en la que dieron detalles de los avances de la causa, por la que están detenidos e imputados dos curas, un monaguillo y dos empleados de la institución religiosa.
González exigió que «la congregación, en tanto propietaria, haga entrega del predio al gobierno provincial, mediante cualquier mecanismo que no implique erogaciones para el Estado».
Además ratificó que la Defensoría, como «órgano independiente y de autonomía funcional», se presentó como querellante en la causa. «Mientras tanto estamos pretendiendo representar a las personas sin voz en el interior de la causa de manera gratuita», aseguró, y destacó: «Vamos a ir hasta el fondo de la situación. Vamos a ir hasta las últimas consecuencias en búsqueda de que se haga Justicia».
En tanto, la vicegobernadora Montero afirmó que se abrió una investigación en la Justicia de La Plata para establecer si se perpetraron delitos similares en la casa religiosa que la congregación tiene en la capital bonaerense, luego del testimonio de Luis Bastistelli, de la Asociación de Sordos.
«El fiscal de La Plata nos va a recibir este jueves con el objetivo de poder darle las herramientas necesarias para que él tenga contenido para el juicio y los antecedentes que hay», dijo la vicegobernadora mendocina.
«Lo que se ha descubierto acá tiene que ser investigado a fondo para determinar las responsabilidades personales e institucionales y hacer Justicia», aseveró.
En la causa por «abuso sexual agravado y corrupción de menores» están detenidos e imputados los sacerdotes Nicolás Corradi, de 82 años y con denuncias previas por el mismo delito perpetradas en una casa religiosa de Verona (Italia), y Horacio Corbacho, de 55, además de tres empleados del instituto, José Luis Ojeda, Jorge Bordón y Armando Gómez.
