La Presidenta derogaría tres leyes si hay acuerdo con los holdouts
Por Mariano Obarrio
Pese a sus ataques a los fondos buitre, al juez Thomas Griesa y al gobierno de los Estados Unidos, la presidenta Cristina Kirchner madura la idea de un acuerdo luego de enero de 2015 con todos los holdouts, los bonistas que no ingresaron en los canjes de 2005 y 2010, además de los fondos NML Capital y Aurelius. Para ello ordenó analizar la derogación en el Congreso de al menos tres leyes vinculadas con la deuda soberana.
Según confiaron a LA NACION altas fuentes del Gobierno, estas iniciativas se evalúan entre la Presidenta; el secretario legal y técnico, Carlos Zannini, y el ministro de Economía, Axel Kicillof.
En caso de avanzar, las negociaciones durarían hasta marzo, y el 1° de ese mes Cristina podría anunciar esos proyectos durante la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso. Incluso, podrían ser el caballito de batalla de la campaña electoral de 2015.
La reapertura de las negociaciones serían en enero de 2015 porque el 31 de diciembre próximo caducará la cláusula RUFO (rights upon future offers), que ahora les permite a los tenedores de bonos de 2005 y 2010 demandar judicialmente igual trato si se les mejora la oferta a bonistas que no hubieran ingresado en aquellos canjes. Ese cepo contaminó toda la negociación con los buitres.
Es por ello que, liberado ese permiso, según confiaron a LA NACION distintas fuentes del Gobierno, la Presidenta analiza derogar al menos tres leyes. La primera es la que dispuso el cambio de lugar de pago de la deuda reestructurada en 2005 y 2010 y mudó el domicilio de Nueva York a Buenos Aires. También revocó el mandato del Bank of New York Mellon como pagador de los bonos. Y lo reemplazó por el Nación Fideicomisos.
Con esto se pretendió eludir el fallo de Griesa, que había trabado el pago a los bonistas de esos canjes por no cumplir la sentencia que favorecía a NML y a Aurelius. La ley se sancionó en septiembre y el 30 de ese mes Kicillof depositó US$ 161 millones en el Banco Nación para cumplir con un vencimiento.
Sin embargo, ningún bonista pasó a cobrar y el canje local, anunciado como una epopeya emancipadora, fue un fracaso. La derogación de esa ley buscaría restablecer al BoNY para regularizar el pago a los bonistas de 2005 y 2010.
La otra que se anularía es la «ley cerrojo» de 2005, que prohibía al Poder Ejecutivo luego del canje de ese año reabrir o mejorar la oferta de esa reestructuración. En 2009 se suspendió para reabrir el canje en 2010 y luego se cerró otra vez.
Esa norma, igual que la del cambio del lugar de pago, prohibía negociar con los holdouts por encima de lo abonado en los canjes. Si hubiera acuerdo en enero, no sólo se reabrirían esos canjes, sino que se mejorarían las ofertas al 7% de los holdouts que no ingresaron en las reestructuraciones que fueron aceptadas por el 92,4%.
La tercera norma que se cambiaría es la de septiembre de 2013, que suspendía la ley cerrojo sin fecha para intentar un canje local que nunca se concretó, pese a ser anunciado por Cristina por cadena nacional en aquellos días.
Esa legislación se revocaría porque también prohibía ofrecer a los tenedores de bonos defaulteados mejores condiciones que las de 2005 y 2010: aún pesaba la cláusula RUFO, que en enero ya no regirá.
El Gobierno evalúa ahora alternativas. Una de ellas consiste en un acuerdo que involucraría a empresas y bancos privados, locales y extranjeros. No sólo se atendería el reclamo de NML y Aurelius reconocido en el fallo de Griesa por unos 1700 millones de dólares. También se atendería al 7% de los holdouts que demandan entre 7000 y 10.000 millones de dólares. Los privados adelantarían los fondos y recibirían un bono del Tesoro.
