Lavado de dinero y robo de identidades: nuevos documentos comprometen aún más a Vidal

Una vez revisado el padrón de afiliados del PRO bonaerense, fuerza que preside la gobernadora, terminó de confirmarse su responsabilidad central en la maniobra.

El escándalo por los aportantes truchos a la campaña de Cambiemos no se detiene y los casos se multiplican semana a semana: como resultado del millón y medio de búsquedas y de las millones de interacciones en las redes sociales y la web, ya hay más de 1200 casos de financistas fantasma que fueron identificados, según un nuevo informe presentado por El Destape.

Sin embargo, eso no es todo: el 94% de los supuestos contribuyentes figuran como afiliados al PRO que preside María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, lo que compromete seriamente a la gobernadora de cara al futuro, ya que resulta la principal responsable del partido donde hoy hay miles de militantes falsos a los que le falsificaron la firma y los hicieron pasar como aportantes.

Además, la enorme cantidad de dinero lavado a través de este método excede claramente lo que puede conseguir un contador o un tesoreso, poniendo aún más en evidencia la responsabilidad de la principal figura política de la provincia.

Sobre un muestreo de los primeros 1200 relevados por El Destape, 1128 se encuentran afiliados al PRO, según el padrón oficial que entregó la fuerza a la Cámara Nacional Electoral. Y otro dato llamativo, según informó Cambiemos ante la Cámara Nacional Electoral, es que 4.511 personas realizaron 12.066 aportes, o sea, más de 3 aportes cada uno.

A su vez, El Destape logró desglosar la afiliación política de cada uno de ellos, y el resultado fue sorpresivo: los afiliados al PRO aportaron $45.486.100. Es por eso que la Justicia, que ya comprobó que el 99% de los primeros 200 casos señalados por este medio figuran empadronados en el partido de Vidal, tiene en la mira el origen de al menos esos 45 millones.

De confirmarse esto, las consecuencias para la gobernadora de la Provincia podrían ser las peores: como presidenta del PRO, enfrentaría una condena que podría dejarla inhibida de participar para ocupar o ejercer cargos públicos por entre 6 meses y 10 años, tal como establece la propia ley de Financiamiento Electoral. Y la misma suerte correría su Contadora General y Tesorera del PRO, María Fernanda Inza.