Los vínculos políticos de la marcha del 18F

Los organizadores de la marcha del próximo miércoles tienen fuertes puntos de contacto con el PRO de Mauricio Macri, el Frente Renovador de Sergio Massa, el Menemismo y el Grupo Clarín. Su rol en las causas de lesa humanidad.

Los fiscales que convocaron a la marcha de homenaje a Alberto Nisman aseguran ante cada micrófono que se les presenta que no tienen intencionalidad política y reclaman que los participantes acudan el próximo miércoles sin banderas o símbolos partidarios. Sin embargo, ese discurso entra con contradicción con la realidad, ya que buena parte de los organizadores tiene estrechos vínculos con el PRO de Mauricio Macri, quien ya anunció su presencia en la marcha como ciudadano; el Frente Renovador de Sergio Massa, que también instó a la ciudadanía a participar; y el menemismo, además de aceitados contactos con el Grupo Clarín, que se ha transformado en gran difusor de la convocatoria.

Esos vínculos políticos de algunos de los fiscales se suman a la particularidad de que varios de quienes realizaron la convocatoria fueron denunciados incluso por familiares de las víctimas de la AMIA por entorpecer la investigación, mientras que otros aparecen vinculados a represores en causas por la violación de Derechos Humanos, y todos se enfrentaron abiertamente con los distintos proyectos de reforma y democratización del Poder Judicial que impulsó el gobierno nacional en los últimos meses.

La convocatoria de la marcha para el próximo miércoles profundizó la brecha que en los últimos años se abrió en la familia judicial entre quienes impulsan una modernización de la justicia y aquellos que buscan mantener el statu quo. Esa pelea está cruzada transversalmente por la pertenencia política de los convocantes, que en algunos casos se corporiza incluso a partir del rol de funcionarios de varios de los organizadores en administraciones comandadas por la oposición.

Lo único que queda claro es que todos los convocantes están cruzados por un denominador común: su manifiesto antikirchnerismo, que han hecho público en declaraciones periodísticas, artículos de opinión y hasta en escritos judiciales. El que sigue es apenas un repaso elaborado por Tiempo Argentino del complejo entramado de relaciones que vincula a los convocantes a la marcha del próximo miércoles.

GERMÁN MOLDES
Germán Moldes es fiscal de la Cámara Federal Porteña y uno de los más fervientes impulsores de la convocatoria. Junto al juez Claudio Bonadio, integrante de la servilleta menemista, conformó el mismo grupo político que José Luis Manzano, Carlos Corach y Hugo Anzorreguy. De hecho fue el propio Anzorreguy, entonces jefe de la SIDE, quien lo nombró en 1994 como fiscal ad hoc para seguir la causa AMIA.

Por su labor en ese cargo está sospechado de integrar un grupo de funcionarios judiciales que entorpecieron la investigación de la voladura de la mutual judía y entorpecieron el trabajo del propio Nisman.

Puntualmente se sospecha que fue el responsable de «plantar» la pista iraní con el objetivo de embarrar la causa. A tal punto que es recordada una aparición televisiva de Moldes en la que exhibió un fragmento que adjudicó a la camioneta Trafic presuntamente utilizada como coche bomba en el atentado, algo que nunca fue probado.

Tres años después, en una devolución de gentilezas, Moldes consiguió que la hija del influyente abogado Jorge Anzorreguy, hermano de Hugo, asumiera como fiscal adjunta de la Cámara Federal, pese al rechazo público de 21 fiscales y 22 secretarios en una nota, en la que expresaban su «repudio y preocupación» por las designaciones. Eso porque la joven Anzorreguy no cumplía con los requisitos básicos que establecía la ley del Ministerio Público que se encontraba en ese momento en discusión en el Parlamento. Casualmente, Moldes era el titular a cargo de esa fiscalía.

Entre los fiscales que en ese momento se opusieron a las designaciones estaban Pablo Lanusse y José María Campagnoli, aunque el próximo miércoles marcharán todos juntos.

En 1991 fue secretario de Población durante la gestión de José Luis Manzano en el Ministerio del Interior. Sus vínculos con el menemismo volvieron a emerger en la historia reciente. En 2012, el juez Ariel Lijo sobreseyó a Carlos Corach, a Carlos Ruckauf y varios funcionarios del juzgado de Juan José Galeano, además de policías de la Federal y la Bonaerense, en la causa por el encubrimiento del atentado. La agrupación Memoria Activa apeló esa decisión y el fiscal Patricio Evers no hizo lugar. Entonces, los familiares de las víctimas del peor atentado terrorista de la historia argentina recurrieron al fiscal Nisman, pero su respuesta fue demoledora, afirmó que «no podía hacer nada porque Moldes sostenía el sobreseimiento», relataron.

En 2013, los integrantes de Memoria Activa fueron ante la procuradora general, Alejandra Gils Carbó y denunciaron que tanto Moldes, como Nisman, Evers y el fiscal Raúl Pleé, no cumplían con el deber constitucional de promover la acción penal y defender los intereses de la sociedad.

Gils Carbó ya tenía idea de a qué se enfrentaba. Página 12 reveló que cuando la procuradora asumió su cargo recibió a Moldes, quien le pidió que «recuerde que Gustavo Beliz quiso fusionar el fuero federal con el de instrucción y tuvo que irse a vivir a otro país».

Tras la muerte de Nisman, Moldes ocupó un espacio destacado en los medios por darle curso a la denuncia presentada en octubre pasado por los diputados del PRO Laura Alonso, Patricia Bullrich y Federico Pinedo quienes daban cuenta de una presunta estructura de encubrimiento para favorecer al empresario Lázaro Báez en la que –según el periodista Omar Lavieri– podría quedar imputada la presidenta Cristina Fernández. Fue el 20 de enero, horas después de la muerte de Nisman.
Lo llamativo del caso fueron los argumentos de Moldes, que dio a conocer el portal de noticias Infobae, más parecidos a una arenga de oposición al gobierno que a un escrito judicial. «No habrá ‘relato’ ni argucia, ni reforma capaz de evitar que tarde o temprano todo salga a la luz. Cuanto antes nos pongamos en camino, antes llegaremos a destino. Después de todo, de nosotros depende», sostenía el fiscal.

El texto deja varios interrogantes, como por ejemplo determinar a quiénes se refería con ese «de nosotros depende».

RICARDO SÁENZ
Ricardo Sáenz es el fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Ciudad y, como tal, será el encargado de revisar la tarea de Mónica Fein en la investigación por la muerte de Alberto Nisman. Es además vicepresidente de la Asociación de Magistrados, e impulsor de uno de los recursos contra las designaciones de fiscales que efectuó Gils Carbó.

Sáenz es directivo del Centro de Estudios para el Desarrollo de las Telecomunicaciones y el Acceso a la Sociedad de la Información (CERTAL), una ONG que cobró notoriedad por pagar en 2012 el viaje de jueces y fiscales para participar de un seminario contra la Ley de Medios con todos los gastos incluidos en la ciudad de Miami.

Producto de aquel viaje, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, pidió la recusación del juez Francisco Horacio de las Carreras, que participó del tour y debía intervenir en el contencioso por la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

La Coordinadora General de dicha ONG es Ana Recondo, la hija del juez Ricardo Recondo, titular de la Asociación de Magistrados y otro de los promotores de la marcha del silencio convocada para el 18 de febrero.

Sáenz es uno de los fiscales más mediáticos desde la muerte de Nisman, y en los pasillos de Tribunales se sospecha que sería el responsable de las filtraciones de información de la fiscalía que conduce Fein al Grupo Clarín.

El fiscal no oculta su oposición al gobierno nacional, como tampoco esconde su mirada sobre el pasado trágico de la Argentina. Son públicas sus consideraciones en contra de la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final y además fue defensor del represor ex jefe del Ejército Cristino Nicolaides en una causa por privaciones de la libertad y desaparición de seis militantes de Montoneros que participaban de la «contraofensiva» en lo que se conoció como la operación «Murciélago».

RAÚL PLEÉ
Raúl Pleé es fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal. En 2013 fue denunciado por el CELS y Memoria Activa por haber demorado la acusación contra los acusados del encubrimiento por la voladura de la sede de la AMIA.
Memoria Activa incluso advirtió que tanto Pleé como Germán Moldes se resistían a mandar a juicio a «sus ex compañeros de trabajo», en referencia al juez Juan José Galeano y otros funcionarios judiciales involucrados. En la misma línea, el CELS consignaba que «sin explicación, el fiscal de Casación, Raúl Pleé dejó de impulsar la causa y la Cámara se resistió a fijar audiencia hasta que quedó en evidencia».

Las diferencias con Alejandra Gils Carbó parecen tener sustento en el hecho de que la procuradora lo relevó de la Unidad Fiscal para la Investigación de Lavado de Dinero y creó entonces la Procelac, conducida por Carlos Gonella que en los primeros meses de actividad solicitó más embargos, secuestró más vehículos, inmuebles y dinero que Pleé en años.
El fiscal tiene también buenas relaciones con los medios hegemónicos. Cuando la presidenta Cristina Fernández relevó a Juan Félix Marteau como representante argentino ante el grupo contra el lavado de dinero (GAFI), este especialista pasó a colaborar con el Grupo Clarín, al que asesora en las varias causa que se le abrieron por ese motivo. En su estudio trabaja María Celeste Pleé, la hija del ex fiscal antilavado.

Antes que eso, fue el propio Carlos Menem quien le solicitó al entonces procurador general Ángel Agüero Iturbe que designara al fiscal ante la Cámara de Casación Raúl Plee para coordinar las investigaciones en todo el país vinculadas a la causa de la aduana paralela, que luego quedaría en la nada.

Domingo Cavallo le puso la lupa en el contexto de la pelea que lo enfrentó con el empresario Alfredo Yabrán. El ex ministro de Economía lo marcó a fuego al sostener que tanto Marquevich como el fiscal Pleé se encontraban relacionados con el empresario postal.

Otro de los episodios trágicos de la Argentina que lo tuvo como protagonista fue el ataque al cuartel de La Tabalada por los militantes del Movimiento Todos por la Patria. En el momento del inicio de la instrucción de la causa el fiscal federal de Morón era Santiago Blanco Bermúdez, pero en esa fecha estaba de licencia. Llegaron entonces al cuartel Pleé y el defensor oficial del juzgado federal de San Isidro Pablo Quiroga.

Según las crónicas de la época, Pleé y Quiroga formaron un equipo que no le daba espacio para actuar a Blanco Bermúdez, ya que no querían que se integrara a las reuniones que mantenían con los agentes de inteligencia tanto del Ejército como de la SIDE.

El abogado Rodolfo Yanzón, defensor de las víctimas de La Tabalada, mantuvo en el año 2000 un diálogo revelador con el entonces procurador Carlos Becerra. Yanzón le planteó al entonces jefe de los fiscales las irregularidades de la causa y Becerra lo cortó en seco: «Mire Yanzón, hay tres fiscales que trabajan directamente para el Ejército, dos de ellos son Pleé y Quiroga.»
Hoy en día Pleé es fiscal de la Cámara de Casación Penal y titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delito de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, mientras que Quiroga es Fiscal Federal de la Cámara de Apelaciones de San Martín.

GUILLERMO MARIJUAN
El fiscal federal Guillermo Marijuan tiene motivos para estar enfrentado con el gobierno nacional. Alejandra Gils Carbó lo removió de la Unidad Fiscal de Investigaciones de la Seguridad Social (Ufises). La procuradora lo acusaba de nombrar «a cualquiera» y hacer concursos de ingresos «no transparentes». Apenas unos días después de eso, Marijuan imputó a su jefa de los supuestos delitos de «incumplimiento de deberes de funcionario público» y «abuso de autoridad» por su actitud ante el pedido para que removiera al titular de la Procelac, Carlos Gonella.

La labor de Marijuan en el Ministerio Público también aparece marcada por la investigación del atentado a la AMIA, particularmente en la causa que investiga el robo del video de la caja fuerte del ex juez Juan José Galeano.
Marijuan construyó un estrecho vínculo con el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, cuando se desempeñaba al frente de la Anses y el fiscal estaba a cargo de la Ufises, la Unidad Fiscal especializada en delitos contra la Seguridad Social.

En el Frente Renovador reconocen que hoy Marijuan es el candidato que tiene en mente Massa para ocupar el cargo de procurador general de la Nación en el caso de que llegue a la Casa Rosada en las elecciones de octubre.

Cuando Massa estaba al frente de la Anses sufrió un duro revés. Un escrito interno de ese organismo denunció el robo de los datos de 12 millones de jubilados y trabajadores. Según la misiva estaba implicado un gerente de la Anses y un empresario cordobés. Rápido de reflejos, Massa se adelantó al escándalo para evitar la filtración a la prensa y presentó una denuncia precisamente ante Marijuán. «Hizo lo mínimo que se debe para que no digan que no hizo lo que correspondía», dijo entonces una fuente de la Anses al diario La Nación.

La causa no cobró impulso ni por el accionar del fiscal Marijuan ni por el de Massa, sino gracias a una exhaustiva investigación del juez Julián Ercolini. El periodista Horacio Verbitsky lo señala como el hombre más cercano al jefe del Frente Renovador en Comodoro Py.

El fiscal tiene un desempeño asombroso en la causa que investiga el presunto lavado de dinero por parte de 469 empresas –entre ellas el Grupo Clarín, sus principales directivos y compañías satélite– a través de la banca de inversión JP Morgan a partir de la denuncia del arrepentido Hernán Arbizu.

En más de cinco años, Marijuan presentó apenas dos escritos y la causa aún está en su etapa primaria de instrucción pese a que se trata de una evasión multimillonaria a partir de la presunta fuga de divisas.
A fines de la semana pasada su situación se complicó a partir de una presentación judicial que aportó pruebas sobre una presunta «autoamenaza de muerte» que se habría producido en el marco de su disputa con el gobierno nacional.
CARLOS STORNELLI

Carlos Stornelli alterna sus funciones de fiscal federal con sus tareas como jefe de Seguridad de Boca Juniors, puesto en el que fue nombrado por Daniel Angelici que no oculta sus estrechos vínculos con el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri. El alcalde es uno de los más fervorosos convocantes a la movilización del 18F. De hecho, la marcha podría transformarse en el debut de Macri en una movilización masiva, ya que su participación política aparece limitada a actos en lugares cerrados y salpicados de globos de colores.

Stornelli es hijo del teniente coronel Atilio José Stornelli y yerno del general Llamil Reston, ex ministro del Interior y de Trabajo de la dictadura y procesado por delitos de lesa humanidad.

Son públicos los contactos de Stornelli con algunos sectores de la barra de Boca Juniors, pero además aparece vinculado por una investigación del periodista Horacio Verbitsky con un dispositivo armado por Massa durante su paso por la Anses del que participarían también Bonadio y otro funcionario del PRO, el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Guillermo Montenegro.

Antes, Stornelli tuvo su paso como ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires durante la gestión de Daniel Scioli. Su mano derecha fue, sorprendentemente, Soledad Spinetto, pareja de Rafael Di Zeo, uno de los históricos jefes de la barra de Boca. Su más resonante decisión fue deshacer la reforma de la Policía Bonaerense que había diseñado su antecesor León Arslanian.

Durante su gestión se sucedieron episodios como la desaparición de Luciano Arruga, caso en el que Stornelli reincorporó a los policías del destacamento de Lomas del Mirador que estarían vinculados al hecho; y la búsqueda de la familia Pomar, sobre la que el entonces ministro ofreció toda clase de explicaciones que quedaron en ridículo cuando se encontró luego el vehículo accidentado a pocos metros de la ruta por la que circulaba.

El fiscal es además autor de una de las frases más polémicas desde que el 18 de enero Nisman fue encontrado muerto en su departamento: «El caso es el primero de estas características y podría no ser el último”, aseveró.

MARTÍN LÓPEZ PERRANDO
El fiscal federal Martín López Perrando fue subsecretario de Seguridad de la provincia durante la gestión de Stornelli. La relación se terminó mal. Stornelli lo despidió luego de que López Perrando organizara una comida en la casa de un empresario de la que participó también el ex presidente Carlos Menem y las fotos del evento generaron alto impacto político.

Después de ese episodio, no dudó en sumarse a la gestión del PRO. De hecho, desembarcó en Vicente López de la mano del primo de Mauricio Macri, cuando Jorge se transformó en el intendente del distrito. López Perrando fue nombrado en 2012 Secretario de Seguridad de Vicente López. Incluso, en la ceremonia de despedida antes de su regreso a la fiscalía, Jorge Macri sostuvo que «a partir de hoy, Martín pasa a ocupar un rol diferente, de todas formas va a seguir formando parte de este proyecto, va a estar dándonos una manos constantemente.»

Esa pertenencia al proyecto amarillo no le impide cultivar otros vínculos políticos. En 2005 compartió junto a Juan José «Juanjo» Álvarez –hoy cercano al líder renovador Sergio Massa– un viaje a Nueva York para entrevistarse con el tristemente célebre alcalde Rudolph Giuliani.

Fue denunciado por enriquecimiento ilícito pero el expediente no prosperó, al parecer gracias al lobby que habrían impulsado sus contactos en la justicia y pese a los comentarios habituales en los pasillos de los tribunales sobre el incremento patrimonial del fiscal.

CARLOS DONOSO CASTEX
El presidente de la Asociación de Fiscales y Funcionarios Nacionales (AFFUN) es Carlos Donoso Castex, titular del juzgado nacional en lo Criminal de Instrucción número 20 de la Justicia Ordinaria de la Ciudad, el mismo fuero en el que trabaja la fiscal Fein que investiga la muerte de Alberto Nisman.

Donoso Castex actuó en la causa por la investigación de la muerte de Lourdes Di Natale, la ex secretaria de Emir Yoma y testigo clave en el expediente por contrabando de armas a Croacia y Ecuador. Di Natale había empezado a recibir amenazas al poco tiempo de denunciar a su antiguo jefe Emir Yoma.

Donoso Castex dictaminó en dos ocasiones que se trató de un «accidente» y se opuso a la reapertura de la causa. Pese a ello, la investigación se reabrió y nuevas pericias permitieron establecer que se habría tratado de un asesinato.
Esa no fue la única participación polémica en causas vinculadas al poder político. En 2001 archivó la causa que trataba de determinar las responsabilidades de la represión policial que terminó con el gobierno de Fernando de la Rúa. Donoso Castex archivó la causa por las lesiones a un joven que quedó parapléjico por la represión, pero la denuncia pasó luego al fuero federal donde se avanzó en la investigación por la salvaje represión.

En el pasado reciente fue uno de los testigos que defendió con fervor al fiscal de Núñez Saavedra, José María Campagnoli, se inclinó públicamente en contra del proyecto de democratización del Poder Judicial y militó entre los miembros de AFFUN para conseguir un pronunciamiento explícito con el argumento de las críticas a la posibilidad de que los funcionarios de la justicia paguen el Impuesto a las Ganancias.

Donoso Castex envió a Gils Carbó una carta en la que afirmaba que «se le hizo saber acerca de la gran preocupación existente en relación a las intenciones de querer aplicar el Impuesto a las Ganancias, ya que la Asociación que me toca presidir seguirá defendiendo firmemente el criterio contrario a tal iniciativa como se ha hecho históricamente con fundamentos legales, en forma uniforme, desde su creación».

CARLOS RÍVOLO
El fiscal federal Carlos Rívolo cobró notoriedad por el impulso que le dio al presunto tráfico de influencias y lavado de dinero contra el vicepresidente Amado Boudou, pero fue apartado de la causa por decisión del juez Ariel Lijo quien explicó esa decisión en la «manipulación de la instrucción y filtración de información».

En octubre de 2012, la procuradora general Alejandra Gils Carbó lo acusó de cobrar indebidamente un plus salarial por lo que se le abrió un sumario administrativo y el Estado le reclama la devolución de 97.940 pesos. El ex procurador Esteban Righi había denegado el pedido de Rívolo de cobrar ese plus salarial, pero el fiscal avanzó de todos modos.

Rívolo llegó en la década de los ’90 a la Fiscalía Número 2 de la mano del juez federal Jorge Ballestero, de quien fue secretario. Quienes conocen los pasillos de los tribunales recuerdan que el candidato natural para el cargo era Claudio Navas Rial, un hombre de gran prestigio académico que finalmente quedó como adjunto de la fiscalía.

La buena relación entre Rívolo y el gobierno de Carlos Menem se terminó cuando el fiscal pidió el procesamiento preventivo de Monzer Al Kassar.

El empresario Eduardo Saiegh lo acusa de haber impedido el avance de la investigación penal sobre el desapoderamiento durante la última dictadura cívico-militar del Banco Latinoamericano, del que fue fundador y accionista mayoritario. Saiegh fue secuestrado y torturado para concretar el desapoderamiento de las acciones.

En 2009, el empresario presentó una denuncia contra el ex presidente del Banco Central, Alejandro Reynal y el ministro de Economía de la dictadura José Alfredo Martínez de Hoz por crímenes de lesa humanidad y antisemitismo, pero asevera que la causa nunca avanzó porque el fiscal no la impulsó «injustificada e ilegalmente» por lo que le pidieron el juicio político.

PABLO LANUSSE
Pablo Lanusse fue fiscal entre 1993 y 2003 y es uno de los más activos impulsores de la convocatoria del próximo miércoles. Pablo es hijo de Jorge Manuel Lanusse, funcionario judicial primo del dictador Alejandro Agustín Lanusse.

Su militancia política en las filas de la oposición no es un secreto. En las elecciones de medio turno de 2011 fue candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires en alianza con Francisco de Narváez y acompañado por la periodista Fanny Mandelbaum. Sin embargo desistió de su postulación luego de que el ahora integrante del Frente Renovador de Massa sellara una alianza con el radicalismo e impulsara la lista encabezada por Manuel Garrido.

Fue uno de los principales opositores al anteproyecto del Código Penal y un mes después de su presentación, en abril de 2014 se sumó al Frente Renovador como asesor en materia de seguridad. El romance duró poco. En julio dejó el massismo por diferencias «de forma». Desde entonces evalúa incorporarse a las filas del PRO, para lo que trabaja su amiga la diputada Patricia Bullrich.

Lanusse es abogado de la familia de Ángeles Rawson y fue quien recibió de manos del periodista del Grupo Clarín Roberto Canaletti una grabación en la que una mujer de nombre Beatriz Fuentes aseguraba que Sergio Berni había sobornado a los vecinos del edificio para que mantuvieran silencio sobre el caso, algo que luego se comprobó no era cierto. Fuentes, que había hecho sus declaraciones al diputado de la UCR de Santa Cruz, Eduardo Costa, fue imputada por falso testimonio.

LUIS CEVASCO
Luis Cevasco es el presidente de la Asociación Argentina de Fiscales (AAF), entidad que bajo la figura del «amicus curiae» (amigos del tribunal) se sumó a principios de año al amparo presentado por la Asociación de Magistrados para intentar frenar el nombramiento de 16 fiscales generales designados por Gils Carbó.

Cevasco tiene un largo recorrido en el cargo. Ya en 1998, como fiscal y titular de la Comisión Experimental de Fiscales para Delitos Complejos presentó un informe en el que se oponía a que el genocida Jorge Rafael Videla fuera juzgado por el delito de robo de bebés. Cevasco coincidió en la causa con el argumento de «cosa juzgada» que impulsaba la fiscal de la causa, Rita Ester Molina.
Las crónicas periodísticas de la fecha dan cuenta de la sorpresa de voceros consultados por el diario Clarín, «al comprobar que el dictamen de la fiscal Molina tiene apenas tres carillas y párrafos calcados de la presentación que hicieron los abogados de Videla».

En 1995, Emilio Jaján, enemigo declarado de la accionista mayoritaria del Grupo Clarín, Ernestina Herrera de Noble, fue condenado en un juicio que le había iniciado la empresaria acusándolo de adulterar evidencias para sustentar la querella que le había impuesto por el cobro de importantes honorarios.

Cuando el tribunal ya había condenado a Jaján, ingresó la esposa del reo, Ana Elisa Feldman, quien pidió denunciar un delito. En la sala de acuerdos y en presencia de los miembros del tribunal y del fiscal Luis Cevasco, Feldman entregó dos fotocopias de actas de partidas de nacimiento «presentadas por doña Ernestina Laura Herrera de Noble de los niños adoptados respectivamente con los nombres de Marcela y Felipe Noble Herrera, en las cuales no figura ni nombre de padre no nombre de madre.» La denunciante recuerda que Cevasco buscaba incomodarla, la interrumpía todo el tiempo e intentaba que se contradijera.

El fiscal aparece también vinculado al PRO, a tal punto que fue quien denunció a los metrodelegados por el conflicto desatado en 2012 en torno al reclamo por las paritarias luego de la transferencia del subterráneo porteño a la esfera de la Ciudad, tal como reclamaba el propio Macri.

Cevasco testa conectado con la asociación civil Unidos por la Justicia, que según reveló Página 12 recibió cuantiosos subsidios del gobierno de la Ciudad en los últimos años, integrada por fiscales y jueces que tuvieron un ascenso fulgurante en la justicia porteña.

También en sintonía con la voluntad del PRO, el año pasado vinculó al kirchnerismo con «una asociación ilícita» durante la toma de terrenos de Villa Lugano.

JOSÉ MARÁ CAMPAGNOLI
José María Campagnoli es el fiscal que tiene el mayor número de denuncias en su contra, 20 en total, la mayoría impulsada por jueces, otros fiscales y abogados. Ese récord negativo incluye desde acusaciones por abuso de autoridad, espionaje ilegal, intimidaciones, violación de los deberes de funcionario público, falsificación de patente, hostigamiento y discriminación.

A Campagnoli se lo acusó de recibir dictámenes redactados por los abogados del Grupo Clarín. La Justicia Federal tramita una causa penal contra el fiscal y uno de los abogados del estudio Sáenz Valiente (que asesora a Clarín) con el objetivo de determinar si parte de la investigación que surgió de su fiscalía en la causa que involucra al empresario Lázaro Báez tuvo como origen al propio Grupo Clarín. Como evidencia de esta supuesta maniobra se aportó una prueba documental que implica una situación irregular: el borrador del dictamen que Campagnoli emitió en la causa por supuesta extorsión en perjuicio del financista Federico Elaskar estaba en poder de uno de los abogados del multimedios que lo presentó, incompleto, como prueba oficial en el marco de un juicio civil.

Su fiscalía decía acumular 3900 causas pero tras la suspensión por parte del Consejo de la Magistratura, se demostró que de todas ellas sólo 380 eran reales. Los empleados de su fiscalía responden a características muy precisas: son varones, nacionalistas, ultracatólicos, preferentemente rugbiers y militantes del PRO.

Uno de los expedientes más frondosos es el que se instruyó por su actuación en el Barrio Mitre donde enviaba a su equipo a tomar fotografías de manera ilegal con una cámara oculta, procedimiento que también utilizaba con los propios funcionarios de la fiscalía. Pese a ello, en junio del año pasado fue nombrado Ciudadano Ilustre por la Legislatura porteña a instancias del bloque del PRO.

Está claro que estos fiscales tiene motivaciones de sobra para marchar