Megajuicio: más confirmaciones
A cuatro meses de iniciado el IV juicio por delitos de lesa humanidad en Mendoza, se desarrolló ayer una nueva audiencia debate en Tribunales Federales. En una extensa jornada declararon los ex presos políticos Ivonne Larrieu, Alberto Mario Muñoz y Estela Maris Ferrón, detenidos en el D2 junto a sus hijos.
Las primeras declaraciones fueron de Ivone Larrieu y Alberto Mario Muñoz, matrimonio oriundo de Mar del Plata, quienes relataron aspectos de su vida social y política desde el 1974, momento en el cual compartían militancia en la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) y posteriormente en Montoneros.
De acuerdo a la reconstrucción testimonial, el contexto político y la exposición militante de ambos ante acciones paramilitares de CNES (Concentración Nacional de Estudiantes Secundarios), los llevó a afincarse en Mendoza en 1975, en una vivienda prestada por Miguel Ángel Gil, uno de sus compañeros finalmente asesinado en el D2. Ya en la provincia, desarrollaron las labores políticas y sociales, hasta la llegada de María Antonia, la primera hija de ambos.
Las declaraciones de Larrieu y Muñoz ahondaron sobre los episodios violentos desencadenados a partir de la madrugada del 10 de febrero de 1975, momento en el cual, un grupo de personas uniformadas irrumpe violentamente a la vivienda que habitaban en el Barrio Soeva. Sin mediar palabras y de manera violenta fueron trasladados hasta lo que posteriormente pudieron identificar como el D2, lugar donde los tres permanecieron detenidos durante 17 días.
“Yo gritaba por mi hija; me levantaron y me vendaron con la funda de una almohada”, declaró Ivonne Larrieu al recordar los instantes previos a su traslado a aquel centro de detención clandestino.
Ivonne y su hija fueron encerradas en una habitación pequeña, sin recibir agua ni alimentos. “Les pedía por favor que me dieran agua porque estaba amamantando. No tenía ni pañales, iba cortando con los dientes la funda con la que me vendaron, y mojaban esos pedacitos de tela con la misma leche que tenía para limpiarla”, relató con profundo dolor.
De esta manera, se abrió un apartado más de los horrores padecidos por las mujeres detenidas junto a sus hijos e hijas durante la dictadura, utilizados también para implantar el terror y la tortura.
El testimonio de Larrieu señaló además los abusos a los que fue sometida. “Me obligaban a estar de pie, entraban en patota al pabellón, me agarraron de los pelos del pubis y me arrastraron por toda la habitación, mientras me decían: esto te va a pasar si te vemos sentada”, expresó y agregó detalles sobre las sesiones de picana utilizadas para interrogar, las violaciones sistemáticas, y datos sobre otras causas investigadas en el actual proceso de enjuiciamiento, tales como la muerte de Miguel Ángel Gil y del escritor y periodista mendocino Antonio Di Benedetto.
“Era un plan sistemático de aniquilamiento y la imposición de un proyecto terrible para el país”, declaró Larrieu, quien además sigue buscando el paradero del hijo/a de uno de sus seis hermanos, Gastón Andrés Larrieu, desaparecido junto con su esposa, embarazada al momento de ser detenida.
“Hoy mi hija está aquí, como testigo viviente de lo que le hicieron cuando tenía cinco meses de vida”, expresó emocionada, y finalizó: “para mí es muy importante la posibilidad de poder participar en este proceso de enjuiciamiento a todos los genocidas civiles y militares; y reivindicar a la Justicia actual. Somos ejemplo en el mundo por estos enjuiciamientos, por eso tenemos que tener orgullo de poder hacerlo y decir que no nos han vencido, ni nos vencerán”.
Por su parte, la declaración de Alberto Mario Muñoz relató la misma crudeza de los acontecimientos vividos. Muñoz, aportó datos sobre el robo de sus pertenencias y el maltrato recibido en cada dependencia policial por las que fue trasladado. “Estas personas eran mucho más brutales que inteligentes, porque era más el gusto por la golpiza que por tener información. Mi hija fue detenida con nosotros, pero también estuvieron otros chicos que fueron rehenes y utilizados como parte de la tortura, un ensayo de lo que fue luego el robo de bebés”, señaló Muñoz.
Consultado por los integrantes del Ministerio Público Fiscal y las partes querellantes, Muñoz refirió además sobre el accionar de la Justicia de aquellos años. De esta manera, señaló a los ex jueces Guzzo y Carrizo quienes rechazaron los habeas corpus presentados y las denuncias por apremios ilegales; e incluyó también al ex juez Petra Recabarren quien fuera asignado como su defensor.
La extensa declaración de Alberto Muñoz, finalizó con un profundo reconocimiento hacia sus compañeras, mujeres que defendieron con dignidad sus ideales y convicciones, y dirigiéndose hacia los acusados expresó: “estas personas no podrán ver a sus hijos a los ojos, porque no hay convicción que pueda defender semejante conducta”.
El tercer y último testimonio de la jornada fue realizado por Estela Maris Ferrón. Su declaración relató los preliminares a su detención en el año ‘76, como estudiante de la carrera de Filosofía en su Santa Fe natal y simpatizante de movimientos católicos tercermundistas de esa provincia, para luego formar parte de la Juventud Peronista. En septiembre de 1975 se instala en Mendoza junto a su familia, formada por su pequeña hija Yanina y su compañero José Antonio Rossi, militante de la Juventud Peronista y Montoneros, actualmente desaparecido. “Compartíamos la ideología, las convicciones políticas y sociales, y el compromiso con la justicia social”, recordó.
Ferrón fue detenida en su casa por civiles que a los golpes buscaban información sobre el paradero de su esposo. La violencia del procedimiento policial relatado por Ferrón describió cómo “tomaron a la pequeña por el cuello y la golpeaban en todo el cuerpo para que les dijera no sé qué cosa. Yo no conocía a personas de Mendoza, ni dónde podría haber ido mi marido. En un momento sacaron un cable de un auto y nos aplicaban descargas eléctricas a las dos”.
Tras esto, fue separada de su hija y llevada al D2 donde permaneció 18 días, donde fue víctima de reiteradas sesiones de tortura y abuso sexual. “Me aplicaban la picana en el interior del útero lo que provocó la pérdida de un embarazo” y agregó: “realmente es increíble que seres humanos fueran capaces de hacer lo que hicieron”, expresó tras exponer los detalles durante sus días de cautiverio.
La utilización de los niños y niñas como forma de tortura era otro mecanismo utilizado en el centro de detención clandestino D2 y en la Penitenciaría de Mendoza donde Ferrón atestiguó haber presenciado simulacros de fusilamiento con los niños.
En su relato, recordó haber sido entrevista por el ex juez Carrizo, quien no diera información sobre el secuestro de su hija, y tras su pedido y la búsqueda realizada por sus progenitores, se modifica legalmente la situación de hecho de la niña y se ordena restituirla. La misma se encontraba en poder del comisario Juan Félix Amaya, quien “se la había dado en calidad de préstamo” para reencontrarse con su madre. “No entiendo cómo no investigó esa situación, al recibir una criatura en ese estado”, expresó Ferrón.
Tras este hecho, la niña quedó al cuidado de sus abuelos hasta que Ferrón quedara absuelta tras seis años de detención.
Las lesiones postraumáticas y secuelas sufridas por la pequeña fueron expuestos por la declarante, en la lectura de un informe pericial médico. Este informe fue considerado por el defensor oficial suplente, Sebastián Bahamonde -recientemente incorporado al procesamiento- como “incorporación extemporánea de pruebas”, ante lo cual el Tribunal no dio lugar al tratarse de documentación oficial que aportó la testigo.
La audiencia debate pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo lunes 23 y martes 24 de junio a las 9.30 en Tribunales Federales, con los testimonios de Guido Actis, Oscar Guidone, Aidé Fernández Santiago Ferreira, María Estela Muñoz y Roberto Marmolejo.