Nadie habla de desarmar a la población
La dirigencia política mendocina no está pasando por un buen momento. Los efímeros mensajes lanzados por la oposición para crear un panorama complicado y poco claro respecto a la sensación de inseguridad se agravan con decisiones que solamente tienden a llevar aguar para su molino.
Es lamentable que todos los hombres y mujeres que fueron votados por el pueblo de esta provincia, continúen dando vueltas en lo mismo, desempolvando viejos expedientes que descansan en las oficinas de peatonal Sarmiento votados y aprobados por sus antecesores pero que nunca pudieron hacerse realidad por carecer de poder financiero en el poder Ejecutivo.
También, hay que digerir con mucho empeño proyectos utilizados en campañas proselitistas y que no resultaron del agrado de la gente común y motivaron un rotundo fracaso en las urnas. Tal vez, otra gran sorpresa surge de la invitación que hizo un intendente del Valle de Uco para visitar el partido de Tigre, donde su jefe político temporal dice haber bajado el porcentaje de inseguridad en un 80% simplemente utilizando tecnología que existe en nuestra provincia y otros programas activos que no llegan a cumplirse en un todo por la población.
Que el casco, los teléfonos en los lugares públicos, el doble estacionamiento en las inmediaciones de las entidades bancarias, la seguridad privada y su crecimiento, los servicios especiales, la lentitud de la justicia(algo muy desubicado teniendo en cuenta que los hechos ya ocurrieron), la escasa prevención en horas pico, etc.
Pero nadie se detuvo siquiera a incorporar en algunos de los casi 14 proyectos de Ley que serán incorporados a una sola Ley, que la inseguridad y los hechos que de ella se desprenden se generan con la portación ilegal de armas.
El nudo de la cuestión está dado en la manipulación de armas de distintos calibres y que cada vez son más, lo que determina un mercado sumamente amplio donde motiva a quienes las emplean a no tener contemplaciones para con los demás.
Tampoco habrá que reincidir en la devolución anónima y voluntaria de ellas. Debe legislarse para que de una vez por todas, cada una de las viviendas de Mendoza pueda ser requisada para saber si existen armas en su interior.
Al desarmar a todos los que habitamos en esta bendita tierra, seguramente costará más vulnerar los derechos de quienes pretendemos vivir en paz, sin problemas, alejados de casos oscuros y terminar de derramar sangre en nuestras calles.
Esa decisión la tienen nuestros representantes. Nadie más.
Redacción/Juan Carlos Martínez
