Peña Nieto ordenó investigar la desaparición de los estudiantes

El presidente de México recibió a familiares de los 43 estudiantes desparecidos hace un año en el estado sureño Guerrero y, con el objeto de mejorar la investigación del caso, dispuso un conjunto de medidas que fueron rechazadas por los familiares de las víctimas.

«Estamos del mismo lado y trabajamos con el mismo objetivo: el de saber qué sucedió con sus hijos y castigar a cada uno de los responsables», dijo Peña Nieto durante el encuentro, según afirmó el vocero presidencial, Eduardo Sánchez, en conferencia de prensa.

Sánchez afirmó que los familiares presentaron un petitorio de ocho puntos al mandatario, que lo firmó «como acuse de recibo» y giró a las secretarías (ministerios) de Gobernación (interior) y Relaciones Exteriores, así como a la Procuraduría General de la República (PGR), para que analicen la viabilidad de cada uno de sus aspectos.

Asimismo, Peña Nieto, en presencia de los familiares de los estudiantes, dio seis instrucciones a esas áreas de gobierno, entre las que sobresale «la creación, dentro de la PGR, de una fiscalía especializada para la búsqueda de personas desaparecidas».

También ordenó «investigar todos los hallazgos y posibles responsables que arroje la averiguación» del caso de los 43 estudiantes, «reiterando que la investigación no se ha cerrado y llegará a donde tenga que llegar».

El jefe del Estado indicó además que se deben «incorporar las recomendaciones y líneas de investigación que ha propuesto el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)», así como «continuar los trabajos para saber qué fue lo que pasó de manera individual con cada uno de los desaparecidos».

Paralelamente, dijo que «la Subsecretaría de Derechos Humanos, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, deberá asegurarse de que todos los afectados tengan acceso a los mecanismos de atención a víctimas y se garantice la atención médica de todos aquellos que resultaron lesionados en los sucesos de septiembre de 2014».

Por otra parte, «atendiendo la recomendación del grupo de expertos, la PGR deberá integrar un equipo de peritos del más alto nivel para analizar los hechos ocurridos en el basurero de Cocula», completó Sánchez.

Las medidas anunciadas fueron rechazadas por los familiares de las víctimas, informó el abogado Vidulfo Rosales, uno de los voceros habituales de ese grupo.

Con respecto a la fiscalía para la búsqueda de personas desaparecidas, Rosales explicó en rueda de prensa que lo que los familiares pidieron fue la creación de una unidad dedicada exclusivamente a indagar el caso de los 43 estudiantes.

Según Rosales, Peña Nieto «no quiso comprometerse con los ocho puntos» del petitorio -de hecho, Sánchez precisó que no se estableció un plazo para que el gobierno responda sobre él- y, en cambio, «de manera unilateral» anunció seis compromisos que «no son sustanciales» y «ya estaban acordados».

«Desgraciadamente, Peña Nieto nunca nos ha dado nada; el Estado no nos ha dado más que golpes psicológicos», sostuvo Mario González, padre de uno de los jóvenes desaparecidos.

Peña Nieto recibió esta tarde a padres y otros familiares de los 43 estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa que desaparecieron el 26 de septiembre de 2014 en el municipio guerrerense Iguala.

La reunión tuvo lugar en el Museo Tecnológico, en la Ciudad de México; duró cerca de tres horas, y participaron 110 personas, entre funcionarios, familiares de los jóvenes desaparecidos y representantes de organismos no gubernamentales.

Además de la creación de una fiscalía especializada, los parientes reclamaron supervisión internacional para la investigación del caso, así como la ampliación, al menos por un año, del mandato recién vencido del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH.

Solicitaron asimismo que la indagación esté directamente a cargo de la titular de la PGR, Arely Gómez; que esté conducida por un fiscal que tenga el visto bueno del GIEI; que se informen periódicamente los avances, y que se agoten todas las hipótesis.

Los familiares pidieron el encuentro con el presidente después de que el informe del GIEI afirmara que la investigación fiscal de la PGR incurrió en graves irregularidades, como la destrucción de pruebas y la obtención de declaraciones bajo torturas.

El GIEI también sostuvo que los cuerpos de los estudiantes no pudieron haber sido incinerados en el basurero de Cocula -municipio próximo a Iguala-, como aseguró la PGR.

El 26 de septiembre de 2014, policías municipales de Iguala atacaron varios ómnibus en los que viajaban estudiantes de Ayotzinapa y un equipo juvenil de fútbol.

Dejaron seis muertos y 25 heridos, y entregaron a 43 estudiantes a miembros de la organización criminal Guerreros Unidos, que se supone que los mataron y, según la versión de la investigación oficial, cremaron sus cuerpos en Cocula.
Hasta ahora sólo se pudo identificar restos de dos estudiantes, uno de ellos con certeza no absoluta, a partir de estudios genéticos realizados en un laboratorio especializado de la Universidad de Innsbruck, Austria.