Pymes reiteran que «muchas empresas» no podrán pagar bono decretado por el Gobierno

El bono de $ 5.000 decretado por el Gobierno para el sector privado encendió las alarmas y las críticas desde el sector pyme al advertir que muchas empresas del sector no podrán pagar la remuneración extra. De esta manera, con el correr de los días se van sumando cada vez más voces de las pequeñas y medianas empresas quienes advierten por las dificultades para hacer frente al pago del plus salarial.

Por lo pronto, desde los marroquineros advirtieron que «muchas empresas no podrán hacer frente a este bono» al tiempo que apuntaron sus cañones contra la Casa Rosada por considerar que «el Gobierno está trasladando su fracaso económico a las pymes».

Ariel Aguilar, titular de la Cámara Industrial de las Manufacturas del Cuero y Afine (CIMA), afirmó que «está claro que los trabajadores necesitan un bono» pero advirtió que el Gobierno «no llamó a los sectores pymes para consultar si podíamos pagarlo».

Por lo pronto, Aguilar propuso que «para hacer viable la medida» Gobierno debe permitir descontar el importe del bono de impuestos nacionales por los próximos cinco meses. Asimismo, sostuvo que «en estas condiciones muchas pymes no podrán pagar».

En ese mismo sentido, desde la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) consideraron la medida como «inútil y discriminatoria» y expresaron su «disconformidad» ante el decreto que estableció el pago del bono. A través de un comunicado, la institución sostuvo que las pequeñas y medianas empresas «deberán afrontar estos pagos en una situación de emergencia agravada por el momento del año, cuando deben pagarse medio aguinaldo y vacaciones».

Al igual que los marroquineros, desde Apyme destacaron que «en ningún momento se incluyó al conjunto de las entidades representativas de las pymes en la discusión de esta medida». Por lo pronto, la entidad solicitó al Gobierno que la obligatoriedad en el pago del bono «se haga efectivo de acuerdo con una adecuada segmentación» al tiempo que también exigió «apoyo financiero a tasa cero para poder hacerse cargo del pago extra».

En contrapartida con las quejas de los marroquineros y Apyme, desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) destacaron el decreto porque «contempla» pedidos de la cámara que agrupa a las medianas empresas. En un breve comunicado desde la confederación sostuvieron que el DNU tuvo en cuenta que el bono sea contemplado como no remunerativo lo que permite «alivianar el costo no salarial». Asimismo, CAME recalcó que el plus extra sea «compensado a cuenta de futura paritaria o aumento».

Por su parte, desde la Confederación de Pymes Constructoras (CPC) anticiparon que «si no hay obras públicas no hay trabajo» por lo que el «el bono no se cobra». El presidente de la entidad, Daniel Mafud, comentó que «ante la caída de la actividad y la falta de empleo muchos obreros no podrán tener acceso a este beneficio».

En ese contexto, desde la CPC exigieron «un plan nacional de obras públicas, a través de proyectos que demanden gran cantidad de mano de obra» al entender que ese tipo de medidas «beneficiaría a trabajadores de la construcción y a los correspondientes a empresas proveedoras de bienes y servicios».

En medio de resistencias de algunos sectores a cumplir con el pago del bono, desde el Gobierno ratificaron que el plus salarial es «obligatorio» para el sector privado. Lo cierto es que empresas asociadas a la UIA, en especial las alimenticias, habían advertido dificultades para afrontar ese pago.

Estimaciones privadas indican que el bono incrementará hasta 10% la masa salarial disponible, lo que representa unos $45.000 millones, aunque la mayor parte será destinada a cancelar deudas contraídas por los hogares, por ejemplo en tarifas de servicios públicos.

Por lo pronto, el ministro del Interior Rogelio Frigerio sostuvo que el pago es «obligatorio, independientemente de lo cual puede usarse dentro de la discusión paritaria que ya están llevando adelante empresas y sindicatos».

Vale recordar que el decreto 1043/2018 estableció «a partir del primero de noviembre de 2018, una asignación no remunerativa para todos los trabajadores en relación de dependencia del Sector Privado, que ascenderá» a $ 5.000. El 50% se pagará con los salarios de noviembre, «pagaderos en diciembre de 2018» y la otra mitad con los salarios de enero, lo que llegará a los trabajadores en febrero.