Qué pasará con los millones que giró el país
El Bank of New York Mellon deberá decidir mañana qué hace con los U$S 539 millones depositados en las cuentas que tiene a su nombre en el Banco Central. La entidad financiera ya aseguró a través de su abogado que reconoce la jurisdicción judical neoyorquina y que aceptará todas las resoluciones emitidas al pie de la letra, pero el móvimiento técnico se mantiene incierto, según indicó Tiempo Argentino.
Durante la audiencia del viernes el juez Thomas Griesa descartó cualquier posibilidad de que se curse un pago solamente a los tenedores de bonos reestructurados, razón por la que la entidad financiera debería rechazar el pago depositado por el Estado nacional.
Según pudo saber este diario el banco todavía no se comunicó para señalar cuál va a ser su respuesta. «Cuando sepan qué hacer van a tener que dialogar directamente con el Ejecutivo; el Banco Central solo va a recibir la comunicación de la decisión y la va a ejecutar», sostuvo una fuente del gobierno nacional al ser consultada por la cuestión.
Si el banco avanza con el rechazo del pago, la Argentina todavía no estará en default, ya que tiene 30 días de mora para continuar en la búsqueda de una negociación con los holdouts. Sin embargo se abren dos puertas judiciales. Una que puede perjudicar al banco y otra que puede servirle.
Si el BoNY efectivamente no cumple con el pago tal como le ordenó la Estado argentino, los tenedores de bonos reestructurados podrían interpretar que no está cumpliendo el rol de agente de pago establecido en el contrato de los títulos. Esa falta podría generar acciones legales contra el banco en tribunales europeos cuando el lunes las cuentas de los acreedores no reciban el depósito.
Además, los bonistas también pueden recorrer un camino legal para intentar congelar los fondos que están en el BCRA con una cautelar, aduciendo que esos fondos ya son de su propiedad.
El escenario que queda por explorar como una salida para el país es que el banco decida avanzar con la no aceptación del pago pero luego se dirija a la Corte Suprema de Nueva York. El máximo tribunal estadual todavía no intervino en el curso judicial, ya que el expediente pasó de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito en Nueva York al máximo tribunal federal, la Corte Suprema estadounidense.
Los abogados de la entidad financiera podrían presentarse ante ese tribunal para pedir consejo sobre la acción que debe tomar al verse presionados por un lado por el juez Griesa y por el otro por los tenedores de bonos reestructurados y el gobierno argentino.
El procedimiento legal disponible se denomina «petición de Artículo 77». Cabe destacar que aunque se trata de un recurso judicial de rara utilización en Nueva York, el propio banco involucrado ya lo usó en otros casos, incluido uno en 2011.
Mediante ese camino se buscaría la intervención del máximo tribunal estadual tal como pretendía la Argentina en su apelación a la Corte federal. Incluso se podría lograr que los jueces consideren nuevamente la interpretación de la cláusula Pari Passu.
Es muy difícil que ese movimiento cambie la interpretación judicial vigente, pero le daría más tiempo al gobierno nacional para llevar la negociación hacia la fecha de vencimiento de la cláusula RUFO, que impide dar un mejor trato a los buitres antes de 2015.