Se suicidó otro de los sobrevivientes de Cromañón

Se trata de Martín Cisneros y con su muerte aumentó a 17 el registro de sobrevivientes que se suicidaron. La Coordinadora Memoria y Justicia por Cromañón cuestiona al gobierno porteño por no reglamentar el grueso de una ley por la que debieran recibir atención psicológica.

Luciano Frangi, de la Coordinadora, confirmó a Télam que «Martín se suicidó hoy y dejó una esposa, un hijo de 15 y una hija de 5, que durante este tiempo lo acompañaron con sus bajones y angustias mientras los responsables de cuidarlo no estaban».

«Martín era un pibe de treinta y pico que después de Cromañón sufría de bajones y ataques de pánico, y como vivía en Paso del Rey, cada vez que necesitaba contención psicológica tenía que viajar hasta la capital federal», explicó.

«Él era adherente a la Coordinadora y me acuerdo que el año pasado tuvimos que ir a acompañarlo al hospital Alvear porque estaba con su mujer, en medio de un ataque de pánico, y no lo querían atender», añadió.

Frangi apuntó que «hay muchos otros sobrevivientes con los mismos problemas de Martín, y que al igual que él no viven en la Ciudad de Buenos Aires, por lo que cada vez que requieren la asistencia psicológica que nos garantiza la ley 4.786, tienen que viajar horas hasta algún hospital porteño y en muchos casos no los atienden».

«La ley de reparación integral a las víctimas sobrevivientes y familiares de víctimas fatales de la tragedia sólo se reglamentó en el punto concerniente al subsidio económico, pero nosotros hace tiempo que venimos advirtiendo que es urgente que se reglamente en su totalidad, sobre todo en los puntos que garantizan un servicio de acompañamiento psicológico y sanitario», subrayó.

«Ante esta situación, necesitamos una ley nacional que verdaderamente contenga a los familiares directos de los fallecidos y a todos los que tuvimos que pasar por ese infierno», concluyó Frangi.

El 30 de diciembre de 2004 la discoteca República de Cromañón se incendió durante un recital de la banda de rock Callejeros, siniestro en el que 194 personas murieron y sobre el que la investigación judicial señaló graves fallas en las habilitaciones y controles del local por parte del Estado porteño.

El 28 de noviembre de 2013, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires sancionó la ley 4.786, que garantiza un acompañamiento integral a sobrevivientes y familiares de víctimas, aunque el gobierno porteño sólo reglamentó los subsidios.

Desde la noche del incendio hasta hoy, al menos 17 sobrevivientes se suicidaron y muchas de las víctimas cuestionan la falta de contención por parte del Estado