Solicitaron el embargo de los bienes de Máximo y Florencia Kirchner
Los fiscales federales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques solicitaron este martes el «embargo preventivo» de los bienes de Máximo y Florencia Kirchner, en el marco de la causa caratulada «Fernández de Kirchner, Cristina y otros s/ abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público», que investiga actividades irregulares en torno a las sociedades Hotesur, COMA y Los Sauces.
«Frente a la concurrencia de sólidos indicadores que demuestran la intención de las personas investigadas de diluir el voluminoso patrimonio que registran en pos de que no pueda ser
tutelado por la justicia, se impone la necesidad de adoptar nuevas medidas que se ajusten al caso, y en ese sentido, la adopción del embargo preventivo de los bienes reseñados, se erige a la actualidad como la más adecuada, para resguardar los valores que eventualmente podrían ser decomisados», argumentaron los fiscales en su resolución.
Se trata de 16 inmuebles y las participaciones en las tres sociedades mencionadas, además de un vehículo.
En otro pasaje del texto, destacaron que la ex presidenta Cristina Kirchner «decidió ceder y transferir a sus hijos —y estos aceptaron— la totalidad de los derechos sucesorios y de los bienes gananciales, el 10 de marzo de 2016 es decir, pocos días después de que el titular del Juzgado n° 11 del fuero la convocara a prestar declaración indagatoria».
Al fundamentar su escrito, Pollicita y Mahiques analizaron que de acuerdo a la información recabada por la AFIP, las empresas del Grupo Báez —Austral Construcciones, Kank, Costilla y Loscalzo y Del Curto— durante el período comprendido entre enero de 2010 y diciembre de 2011 «le transfirieron a la firma que explotaba el hotel Alto Calafate un total de 25.375.987,45 de pesos».
A su vez, este flujo proveniente de las empresas
constructoras deben sumarse además a los fondos «canalizados presuntamente en forma interesada desde la empresa estatal Aerolíneas Argentinas SA hacia la gerenciadora del hotel de la familia Kirchner durante más de 7 años, lo que representó un beneficio patrimonial por el alquiler de habitaciones de prácticamente tres (3) millones de dólares».
En este sentido, concluyeron que «este dinero que era transferido desde las constructoras de obra pública y desde la aerolínea estatal hacia la administradora del hotel Alto Calafate, se giraba luego a favor de la firma HOTESUR, para ser finalmente retirado por los KIRCHNER en concepto de créditos a sus nombres o de préstamos a favor de la empresa LOS SAUCES —también propiedad de los nombrados— incrementando de ese modo su patrimonio a través del dinero que provendría de los negociados descriptos».
