El acuerdo frustrado

En 2013 el Congreso Nacional aprobó el «Memorando de Entendimiento» con Irán para la colaboración de ambas naciones en el esclarecimiento del atentado a la AMIA de 1994. Veinte años después, el panorama no es alentador.

A 20 años del atentado terrorista a la AMIA, la fragmentación de la sociedad a la hora de conmemorar lo sucedido es una clara muestra del distanciamiento entre la política y las asociaciones civiles en torno al esclarecimiento de la causa.

Una prueba de ello es el fallido «Memorando de Entendimiento» con la República Islámica de Irán firmado publicado en el Boletín Oficial en marzo de 2013 y que instaba a ambos países a colaborar en el accionar de la justicia para lograr llegar a la verdad de lo ocurrido en 1994. Además, el motivo principal era el de obtener el apoyo de Irán para lograr tomarle declaración a los apuntados por la justicia argentina como los potenciales responsables de lo ocurrido.

El memorando, aprobado por ambos países, instaba a la creación de una «Comisión de la Verdad, compuesta por juristas internacionales para analizar toda la documentación presentada por las autoridades judiciales» de las dos partes. Es decir, a intercambiar información y lubricar el pesado engranaje de la causa AMIA.

El texto también estipulaba que la comisión estaría integrada «por cinco (5) comisionados y dos (2) miembros designados por cada país, seleccionados conforme a su reconocido prestigio legal internacional. Estos no podrán ser nacionales de ninguno de los dos países. Ambos países acordarán conjuntamente respecto a un jurista internacional con alto standard moral y prestigio legal, quien actuará como presidente de la Comisión».

Por otro lado, siguen en pie los pedidos de captura internacional dispuestos por el juez Rodolfo Canicoba Corral para el expresidente iraní Alí Akbhar Rafsanjani; su exministro de Información Allí Fallahiján; el excanciller Alí Velayati; el ex embajador Hadi Soleimanpour; el ex jefe de la Guardia Revolucionaria Moshen Rezahi; el ex jefe de la Fuerza «Al Quds», Ahmad Vahidi; el ex secretario de la embajada iraní en Buenos Aires Ahmad Ashgari y el ex consejero cultural, Moshen Rabbani.

La ley 26.843 fue luego rechazada por las asociaciones de familiares de las víctimas del atentado, por considerarlo “inconstitucional y fuera de contexto”, en palabras del presidente de la AMIA, Guillermo Borger.

La Cámara Federal en lo Criminal y Correccional, de la mano de los magistrados Eduardo Farah y Jorge Ballestero, declaró en mayo de este año la inconstitucionalidad de la norma manifestando que entorpecía el arribo a la verdad de lo ocurrido. «En el marco de un proceso en curso se encuentra en cabeza Poder Judicial de la Nación, como lógica consecuencia del sistema republicano de gobierno, la división de poderes y la previsión del artículo 109 de la Constitución Nacional- que prohíbe toda posibilidad de intervención al Poder Ejecutivo en causas pendientes», entendieron los juristas.

Días después, el Estado Nacional, a través del Ministerio de Justicia y la Cancillería, apelaron a la resolución acudiendo a la Cámara Federal de Casación Penal. Los titulares de esas dependencias, Julio Alak y Héctor Timerman, manifestaron que el fallo de Farah y Ballesteros «resuelve sobre lo que no tiene que resolver y ordena a quien no tiene que ordenar». Además, el titular de Cancillería declaró en ese entonces que «se firman acuerdos de cooperación judicial donde los jueces viajan a tomar este tipo de declaración» y que «sin esas indagatorias no hay juicios, no se puede avanzar».

Veinte años después de lo ocurrido, los intentos por avanzar casilleros en el difícil entramado de la justicia parecen frustrarse aún más por las divisiones internas argentinas.