Más cárceles y precintos digitales
La Mesa de Enlace por la Seguridad, integrada por los tres poderes del Estado se reunió en el ministerio de Trabajo, Justicia y Gobierno, Rodolfo Lafalla, para informarse del estado de los distintos proyectos del sector penitenciario.
Al inicio de la reunión, el ministro afirmó que “la problemática penitenciaria es parte de una política de Estado que trasciende los gobiernos y los partidos políticos ya que las obras se inician con esta administración pero serán finalizadas con el próximo
gobierno”.
Durante el encuentro, Lafalla junto a los ministros de Seguridad, Leonardo Comperatore y de Infraestructura, Rolando Baldasso dieron detalles del proyecto de la nueva cárcel que presentó la iniciativa privada de la empresa Obras Andinas. El proyecto prevee una inversión aproximada de $900.000.000 y está previsto que se alojen 980 internos.
Asimismo, informaron sobre la ampliación de la Colonia Penal Sixto Segura, de San Rafael, que alojará a 100 internos más con cierto avance en el régimen progresivo de la pena. La inversión prevista es de $12.000.000 y las obras demandarán 8 meses.
También adelantaron que entre los meses de mayo o junio del año entrante se inaugurará la cárcel federal en Cacheuta que permitirá descomprimir otros complejos penitenciarios de la provincia que actualmente alojan 469 internos federales intramuros y 141 con prisión domiciliaria.
Será un establecimiento regional destinado al alojamiento de personas condenadas y procesadas. Su diseño arquitectónico está plantado atenuando las medidas restrictivas conforme se desarrolla la progresividad del régimen penitenciario, con el objetivo de concretar un entorno que intenta reducir las diferencias entre la vida en prisión y la posterior vida en libertad. Tendrá 536 plazas: 408 para varones y 128 para mujeres y una superficie de 32.000m2.
Rodolfo Lafalla señaló que hay avances en el expediente Nº 74-D-2014 por el que se ha iniciado el proceso licitatorio para contratar el sistema de seguimiento geopreferencial para el control de las prisiones domiciliarias.
El mismo consiste en la contratación del servicio de monitoreo,
supervisión y rastreo electrónico de internos con señales de las pulseras o tobilleras.
Con esta contratación se dará cumplimiento a lo establecido por la Ley Nº 8218 denominada Programa Tecnológico de Control y Seguimiento de Medidas Judiciales.
La inversión anual aproximada para la contratación de este servicio asciende a la suma de $5.900.000.
Se encontraban presentes los diputados y senadores integrantes de la Bicameral de Seguridad; el procurador Rodolfo González; Raúl Vichi que es el mediador con la Suprema Corte y los demás poderes; el jefe de gabinete del ministerio de Gobierno; Mauricio Guzmán; la subsecretaria de Justicia, Romina Ronda y el director del Servicio Penitenciario, Eduardo Orellana.
