Causa Ciccone: Vandenbroele está declarando

Alejandro Vandenbroele, titular de The Old Fund, la controlante de Ciccone Calcografica se presentó a prestar indagatoria, luego de que el juez federal Ariel Lijo le denegara el pedido de postergación de su declaración solicitado por su defensa. Sin embargo, el magistrado que el lunes escuchó por casi seis horas al vicepresidente de la Nación Amado Boudou, accedió a la prórroga que pidió el fundador de la empresa, Nicolás Ciccone, que estaba agendado para este viernes.

En tanto, el jueves 19 de junio a las 11 quedó establecida la declaración indagatoria de José María Núñez Carmona, socio y amigo del vice, que estaba prevista para ayer pero que debió ser postergada porque no había sido notificado del adelantamiento de todas las audiencias dispuesto por el juez la semana pasada, y dijo que se encontraba fuera del país.

Germán Soria, el representante de Vandenbroele, pidió ayer la reprogramación de la indagatoria hasta tanto se cumpla una serie de medidas de prueba que solicitó por considerar que son parte de su descargo y necesarias para defenderse. Muchas de ellas se vinculan con la pata financiera de la operación de salvataje de Ciccone, cuya documentación fue aportada a la causa en 2012, por el director de The Old Fund, según pudo confirmar Tiempo Argentino. Soria solicitó una pericia contable sobre los fondos que ingresaron y salieron de The Old Fund y que se complementaron con la cesión del 70% de las acciones de Ciccone. Lo mismo solicitó sobre las sociedades que inyectaron dinero para sustentar su operatoria y revertir la quiebra. Este tipo de medidas –hasta ahora nunca analizadas en la causa– permitirían profundizar la pista investigativa de la ruta del dinero que permitió sanear sus cuentas, que no solo fue pedida por Boudou durante su indagatoria, sino que también formó parte de la argumentación de la Cámara Federal en el fallo en el que declaró abstractas nulidades pedidas por la defensa del vice. Soria apoyó su reclamo en la importancia que podría tener este punto para el futuro de la causa tras la opinión de los camaristas.

Lijo rechazó el planteo y así quedó firme la indagatoria de Vandenbroele para hoy a las 11 en el tercer piso de los tribunales de Comodoro Py 2002. En sentido inverso, el magistrado concedió una prórroga para Ciccone, que había sido citado para el viernes a la misma hora. Alegó que se encontrará fuera de Buenos Aires. La nueva audiencia fue fijada para el lunes 16 en el mismo horario. Por el momento, las citaciones para el jefe de asesores de la AFIP, Rafael Resnick Brenner y el yerno de Ciccone, Guillermo Reinwick no sufrieron modificaciones. Están previstas para mañana a las 9 y a las 11, respectivamente.

El tramo de la causa que investiga la «ruta del dinero» lo llevó el fiscal federal Jorge Di Lello, que recibió un respaldo en su hipótesis delictiva y en el objeto de su pedido de indagatoria por parte de la Cámara. El seguimiento de los movimientos financieros fue iniciado en colaboración con el entonces fiscal antilavado Raúl Pleé, que recolectó información de la composición accionaria de las diversas empresas que participaron del giro financiero y completado por la Unidad de Información Financiera (UIF), que preside José Sbatella. Según confirmó este diario, esa documentación con los hallazgos fue elevada al juez en marzo pasado. Tras la batería de pedidos de prueba formulados por el vice en torno a los aportes de dinero que permitieron solventar la quiebra, Lijo definirá en las próximas horas si vuelve a delegar la pesquisa o si la retiene bajo su mando. Y a cuáles de las medidas que pidió Boudou decide hacer lugar.

Informar a la gente, el desafío de lijo que el propio Lijo olvidó

El juez federal Ariel Lijo, quien rechazó el planteo de los abogados de Amado Boudou para que su indagatoria fuera televisada, e incluso la propia grabación propuesta por el vicepresidente, sostiene que «el derecho a ser informado está constituido, entre otras características, por el derecho de que la información llegue a las personas de la forma más neutra posible, haciéndola asequible y accesible a cualquier observador o intérprete; esto quiere decir, sin otorgarle mediante el lenguaje de su publicación algún tipo de connotación que la desvirtúe».

Así lo consignó en un trabajo titulado «La comunicación oficial de decisiones judiciales. Implicancias y desafíos», que publicó en el libro Justicia Argentina Online, la mirada de los jueces, editado por el Centro de Información Judicial (CIJ) en junio de 2011.
«En todas las causas que involucren funcionarios públicos en actividad, o no, deberán informarse sus avances significativos regularmente», añadió el juez Lijo en aquella monografía.

El ex legislador porteño del MST y abogado defensor de los Derechos Humanos Marcelo Parrilli había propuesto que la declaración fuera transmitida a través del CIJ. Tampoco tuvo éxito. Sin embargo, en el trabajo del que participó Lijo y que apuntaba a establecer puentes entre los jueces y los ciudadanos a través de la página de Internet que depende de la Corte Suprema, el juez Lijo opinó que «lo que debe dar a conocer el CIJ son los actos dictados por los jueces, no a los jueces».

«Es claro que uno no existe sin el otro, y que uno no tendría función si no pudiera realizar el otro, pero lo central a nivel institucional son los actos y no los actores». Y allí desgranó un concepto que ahora se insinúa como medular en relación con la Causa Ciccone: «la implicancia más difícil de superar para el CIJ es controlar lo que no se transmite. Es decir, lo que el CIJ omite, pero no porque el CIJ decida no publicarlo, sino porque no llega a su conocimiento a pesar del interés público de la decisión. Señalo que es el más difícil de superar por sus particularidades y consecuencias. Por un lado, resulta inverificable, puesto que justamente al ser desconocido no puede ser contrastado, se transforma en la cifra negra de la información, oculto para el público con derecho a ser informado y afectando el sistema de justicia por dentro sin que sea conocido su efecto».

Pero, además, Lijo opinó que «los casos pretendidamente ocultos que toman conocimiento público generan que se desconozca el rigor técnico al constatarse que, por lo menos en apariencia, falsamente se promulgaba que las decisiones relevantes eran publicadas, y que se presuma que tales actos eran parte de un camuflaje de la información, llevando a la consecuencia de que se dude de su objetividad y legitimidad».

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