Cristina presentó un proyecto de ley para prohibir que puedan ser funcionarios públicos quienes tengan cuentas offshore
Cristina Kirchner presentó este miércoles un proyecto de ley para que todas aquellas personas que tengan cuentas o participen en sociedades radicadas en paraísos fiscales no puedan ocupar cargos públicos.
La ex presidenta subrayó que la mayoría del Gabinete está involucrado en los escándalos internacionales de “Panamá Papers” y “Paradise Papers”. “El caso del ministro de Finanzas y endeudador serial Luis Caputo, es uno de los más obscenos”, manifestó desde sus redes sociales.
Cristina apuntó además a Leandro Cuccioli, el nuevo titular de la AFIP. El funcionario que velará por combatir la evasión fiscal en la Argentina operó en paraísos fiscales como las Islas Caiman y Bahamas y además tiene toda su plata fuera del país.
“Estas estructuras financieras podrían haber sido utilizadas para blanquear fondos del lavado de dinero y del narcotráfico a escala global, delitos perseguidos en el mundo entero y que preocupan a los organismos internacionales, incluido el G20 que se reunirá en nuestro país”, agregó la senadora.
Cabe destacar que como consecuencia de maniobras de evasión impositiva de empresas multinacionales que se canalizan en estas guaridas fiscales –la mayor parte de este dinero no está declarado-, sólo en el año 2016 Argentina dejó de recaudar 21.406 millones de dólares (4,4% de su PBI).
En sus fundamentos, Cristina sostiene que “más allá del blindaje mediático y judicial que encubre a dirigentes y funcionarios oficialistas, ninguno de los tres poderes del Estado puede tener entre sus funcionarios personas que utilicen las guaridas o paraísos fiscales, y al mismo tiempo reclamarle a los y las ciudadanas que cumplan con sus obligaciones tributarias. O peor aún, ir a suplicar al extranjero inversiones para encontrarnos con la vergonzosa y patética escena de un Ministro de Economía argentino al que le enrostran tener su patrimonio fuera del país”.
“Por eso creemos que ninguna persona que tenga una cuenta o una sociedad offshore puede ser funcionario público en ninguno de los tres poderes del Estado”, concluyó.
