Debate sobre privados de libertad
La Subsecretaría de Relaciones con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos convocó a distintos actores involucrados con las problemáticas dentro de los contextos de encierro para retomar el debate y protocolizar distintas prácticas relacionadas con el ingreso a los establecimientos del Servicio Penitenciario Federal (SPF).
De la mesa trabajo participaron el secretario de Justicia, Julián Álvarez; el subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios, Franco Picardi, jueces, fiscales y defensores.
“Este es el primero de varios protocolos que vamos a hacer y para ello queremos contar con la experiencia de todos los organismos e instituciones relacionados con las cuestiones penitenciarias e involucrados con las personas que están privadas de libertad”, dijo Picardi al iniciar el debate.
Además del Protocolo de Ingreso, y con la intención de promover los derechos de las personas privadas de libertad, el objetivo a corto plazo es que se discutan y luego se protocolicen otras prácticas que cotidianamente realiza el personal penitenciario. “Los traslados entre establecimientos, el ingreso de las visitas a las unidades, son los próximos pasos a seguir”, destacó el subsecretario.
Además de Álvarez y Picardi de la mesa de trabajo participaron y el director nacional de Readaptación Social, David De Lio; el juez de Ejecución Penal, Marcelo Peluzzi, los jueces Federales de 1ª Instancia en lo Criminal y Correccional de Lomas de Zamora, Maximiliano Callizo y Carlos Ferreiro Pella; los jueces Federales de 1ª Instancia en lo Criminal y Correccional de Morón, Juan Pablo Salas, Jorge Rodríguez, Claudio Galdi; la jueza de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Mirta López González; la defensora ad hoc de Ejecución Penal, Lourdes Marcovecchio; los funcionarios de la Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación, Sebastián Todarello y Nuria Sardañon.
También integran la mesa de trabajo funcionarios del SPF, el Ministerio de Salud de la Nación, el Ministerio de Educación de la Nación, organismos de control vinculados con la problemática de encierro como la Procuración Penitenciaria de la Nación y la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN), representantes de ONGs como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y familiares de personas privadas de libertad nucleadas en la ACIFaD.
Del Ministerio participan la Secretaría de Derechos Humanos, la Subsecretaría de Acceso a la Justicia, el Programa de Mediación Penitenciaria, y el Programa Nacional de Asistencia para las Personas con Discapacidad en sus Relaciones con la Administración de Justicia (ADAJUS).
“Recordemos que el único derecho que perdieron las personas en situación de encierro, es su libertad ambulatoria, pero el resto de sus derechos siguen en plena vigencia y debemos asegurarnos que se cumplan. Por eso, la idea de esta mesa surge con la intensión de que nos vinculemos todos los actores que están involucrados con asuntos penitenciarios. Todos, jueces, fiscales, defensores, los organismos de control, el Ministerio de Justicia, debemos tener como objetivo la inclusión de derechos de las personas privadas de libertad”, enfatizó Picardi.
