José Dirceu se negó a declarar por Petrobras ante el Congreso

El ex ministro, uno de los hombres fuerte en el primer mandato del ex presidente Luiz Lula da Silva y preso por el escándalo de corrupción en Petrobras, se negó a declarar hoy ante una comisión del Congreso brasileño que investiga el caso.

En tanto, la Corte decidió continuar con la investigación por supuestas irregularidades en la campaña de la mandataria Dilma Rousseff.

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Los miembros del grupo parlamentario se desplazaron hasta la ciudad de Curitiba, en el sur del país, donde se reunieron con Dirceu en dependencias de la justicia federal, pero no lograron una sola respuesta a las preguntas formuladas durante una media hora.

Dirceu, de 69 años, está detenido desde el 3 de agosto, acusado de ser uno de los «arquitectos» de la red de corrupción que, según los balances de Petrobras, desvió cerca de 2.000 millones de dólares de la empresa durante la última década.

El ex ministro fue detenido en su residencia de Brasilia, en la que cumplía en régimen domiciliario la condena a 10 años y 11 meses que recibió por su responsabilidad en otro escándalo de sobornos parlamentarios denunciado en 2005, denominado Mensalao.

Según sostiene la Fiscalía, aun estando preso, Dirceu fue uno de miembros de la red de corrupción que operó en Petrobras e incluso fue uno de sus «arquitectos».

«Seguía recibiendo comisiones aún preso», dijo el fiscal Carlos Fernando Santos Lima al justificar la decisión de suspender el arresto domiciliario del que Dirceu disfrutaba desde fines del año pasado y recluirle otra vez en prisión.

Según la Fiscalía, Dirceu y algunos de sus allegados recibían de la red de corrupción en Petrobras unos 200.000 reales (alrededor de 55.560 dólares) por mes.

A cada una de las preguntas formuladas por los legisladores, Dirceu dio la misma respuesta: «Por recomendación de mis abogados, voy a permanecer en silencio», y ni siquiera aclaró si se propone aceptar un acuerdo de colaboración con la justicia, que pudiera reducir su pena a cambio de información.

Las irregularidades detectadas en Petrobras han salpicado a una veintena de empresas privadas y a medio centenar de políticos, en su mayoría de la base de apoyo al gobierno de Rousseff.

La indagatoria tuvo lugar el mimo día en que el opositor Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB) anunció que convocará a Lula para que la Comisión Parlamentaria de Investigaciones (CPI) lo indague sobre tráfico de influencias para la construcción del puerto de Mariel en Cuba con fondos de un banco estatal.

Por otro lado, el juez Sérgio Moro, responsable por el proceso Petrobras, afirmó que el caso evidencia «corrupción sistémica» en el que era «regla» pagar sobornos por cada contrato celebrado por la petrolera.

«Hay pruebas e indicios de un escenario de corrupción sistémica», manifestó Moro en un seminario organizado por la revista Exame, en San Pablo, que contó con la participación de ministros y empresarios.

Moro, no obstante, señaló que esos «indicios tienen que ser comprobados y juzgados», aunque advirtió que las pruebas recogidas hasta ahora apuntan a que «todo gran contrato de Petrobras tuvo el pago de sobornos a dirigentes de la empresa y participación de políticos».

Para el juez, «aquel cuadro informado por los colaboradores de la Justicia (en acuerdos de confesión a cambio de reducción de penas) es consistente con las pruebas e indicios presentes», aunque admitió que el «criminal que delata a sus cómplices no es siempre confiable», en referencia a los presos que hicieron esos acuerdos y por los que se abrieron varias líneas de investigación.

En esa línea, el Tribunal Superior Electoral (TSE) informó que dará continuidad al proceso que investiga presuntas irregularidades en la campaña de reelección de Rousseff, pese a que el fiscal general se manifestó a favor de archivarlo, informó hoy la agencia noticiosa estatal ABR.

Dicho proceso, que investiga irregularidades en la contratación de una gráfica por parte del comité de campaña de la mandataria, puede dar origen a una acción penal que derive en su destitución.

La decisión de seguir con el proceso fue anunciada hoy por el TSE, después de que el jefe del Ministerio Público (Fiscalía), Rodrigo Janot, recomendara que el mismo fuera archivado porque no existen indicios «consistentes» de irregularidades.

Janot hizo las declaraciones después de que el vicepresidente del TSE Gilmar Mendes, solicitara a la fiscalía que iniciara la investigación.

El proceso en el TSE fue impulsado por el opositor Aécio Neves, del PSDB. En la denuncia, se cuestionan aspectos de la campaña que en 2014 alzó a Rousseff nuevamente a la presidencia del país, derrotando por estrecho margen a Neves. Los veredictos de esas acciones son aguardados por la oposición, que busca fundamentos jurídicos para destituir a la presidenta.