Pérez se reunió con referentes de cámaras de comercio
El Gobernador recibió a más de 200 dirigentes del aparato productivo de todo el territorio provincial. Allí dio detalles sobre las cuentas públicas y los alcances del fallo de la Suprema Corte que frena la toma de crédito de la Provincia.
El gobernador Francisco Pérez y su Gabinete de ministros y subsecretarios mantuvieron una reunión esta mañana con más de 200 dirigentes de las principales cámaras de comercio, empresarios, cooperativas y gremios, que representan a todo el aparato productivo de la provincia. En el encuentro, el mandatario dio detalles sobre las cuentas públicas provinciales los alcances del fallo de la Suprema Corte de Justicia que impide que la Provincia tome crédito.
Pero además, los funcionarios del Ejecutivo aclararon que no se va a ajustar ni medicamentos oncológicos ni combustibles de la Policía ni el sueldo de la gente. Se aplica al gasto variable, que es la obra pública, tal como explicó el ministro de Agroindustria, Marcelo Barg.
Referentes del sector productivo, comercial, vitivinícola, gremial y bancario, entre otros, escucharon en detalle las implicancias de la resolución judicial del máximo tribunal que impide al Ejecutivo tomar crédito. Entre los participantes estuvieron Julián Groisman (Consejo Empresario de Mendoza-CEM), Hilda Whilhem de Vaieretti (COVIAR), Sergio Villanueva y José Zuccardi (Unión Vitivinícola Argentina-UVA), Juan José Canay y Ángel Vespa (Bodegas de Argentina), Mauro Sosa (Centro de Bodegueros y Viñateros del Este), Fernando Porreta (Cámara Argentina de la Construcción), Adolfo Trípodi (Federación Económica de Mendoza-FEM), Hugo Gamboa (Círculo de Constructores de Mendoza), y presidentes de cámaras de comercio y de productores de todos los oasis de la provincia.
Al término de la reunión, en nombre del Ejecutivo, el ministro de Agroindustria, Marcelo Barg, explicó que “lo que se hizo fue poner los números sobre la mesa”. Y detalló: “Hay dos temas que deben saber todos los mendocinos. Uno es respecto del ajuste que propone la oposición. Ellos hablan de un 3% del presupuesto, pero no es así. El ajuste se puede hacer sólo sobre los gastos variables, sobre todo en la obra pública. Estamos hablando en este caso de un 40%. En segundo lugar, el tema del personal, aclaro que no se van a tocar los salarios. El Gobierno no se va a inclinar por ajustar el salario o el sueldo de la gente”.
En el caso de la obra pública, el ministro de Infraestructura, Rolando Baldasso, explicó: “Lo hemos dicho, y no es una actuación, es el fallo y lo que se ha prohibido es contundente. No sólo no podemos continuar con las tomas de crédito para poder compensar las rentas generales que la Provincia toma y el aporte a las obras del IPV, sino también a muchas de las 100 obras en ejecución, de las cuales 50 se ven afectadas por esta medida”.
Baldasso aseguró además que “es importante el impacto sobre las viviendas y también en la obra pública en general porque afecta las que tenía créditos anteriores de cualquier naturaleza, porque no especifica cual es la naturaleza que queda prohibida, sino que prohíbe todos los financiamientos que se sigan aplicando, que ya estaban conseguidos para obra pública.
En este punto, Baldasso agregó que “casi 50 obras tendrán complicaciones desde rentas generales, desde los financiamientos como el Fondo de Infraestructura Regional (Tercera Trocha), como los del BID (Túnel Cacheuta-Potrerillos, que se abre la próxima semana). Todas esas obras pasan a ser las impactadas y las que tienen que dejar de ejecutarse con este mandato que nos ha dado la Suprema Corte”.
El titular del área más afectada explicó que “el Gobernador mostró a todos los empresarios el detalle del presupuesto, en el cual más del 90% del presupuesto ya está absolutamente establecido, con gastos corrientes, con personal y gastos de funcionamiento. Lo único que queda para ajustar es una cifra de $3.500 millones, porque el resto son dineros que se le gira a los departamentos de la provincia” a través de la coparticipación.
Referentes empresarios y sectoriales
Unión Vitivinícola Argentina: José Zuccardi
Desde la Unión Vitivinícola Argentina, José Zuccardi precisó: “Hoy hemos tomado conciencia de lo que implica el fallo (de la Suprema Corte). Como empresarios no estamos de acuerdo en que se manejen las cosas de esta manera. La Corte no puede fallar en un tema de esta naturaleza poniendo en riesgo la actividad económica de la Provincia. De no revertirse el fallo, la población de Mendoza va a sufrir en su conjunto”.
Círculo de Constructores de Mendoza: Hugo Gamboa
Hugo Gamboa afirmó que «la situación que transmitió el Gobernador tiene un gran impacto en lo económico. Las obras que comenzarían en el sector de la vivienda, no comenzarían. Las que tienen 50% de avance se van a frenar y sólo el resto (que tienen grados de avance mayor) se van a graduar y terminar”.
El referente de la entidad, que nuclea a cerca de 30 empresas del sector de la construcción, indicó además que hoy tendrán “una reunión urgente para evaluar la situación”. Y agregó: “Para nosotros es grave porque el 80% de la actividad se cae. Hoy Pérez ha mostrado los números públicos que para nosotros son confiables. Si uno analiza, todos los gobiernos tomaron deuda. Lo que están pidiendo tampoco es tanto y la verdad es que si lo están pidiendo es necesario».
El representante del Círculo de Constructores señaló además que «es preocupante la paralización de la obra pública y las de presupuesto provincial. Actualmente, la obra pública se ejecuta con fondos provinciales, de la Nación o internacionales. Si se paralizan estas obras impactaría en el 80% de la actividad”.
Cámara de la Construcción de Mendoza: Fernando Porreta
Fernando Porreta explicó que “respecto de la obra pública, el Gobernador nos dijo que se paraliza. Lo primero que se para en una crisis –como todos saben- es la obra pública. En enero nosotros planteamos la necesidad de hacer un fideicomiso, pero no se hizo. Nosotros pedíamos un fidecomiso de $800 millones, porque temíamos que no alcanzara el dinero, o sea que sucediera esto. Hoy no puedo decir cuántos, pero son mil o dos mil puestos de trabajo los que se perderán con la parálisis de la obra pública”. Y agregó: “Si esto no se soluciona vamos a tener gente en la calle”.
Federación Económica de Mendoza: Adolfo Trípodi
El titular de la FEM, Adolfo Trípodi, aseguró que “es una discusión netamente política, a nosotros como empresa nos impacta directamente porque entre las cosas que se recortan en estas situaciones aparece la obra pública, por eso estamos preocupados. Esto afecta nuestras empresas, nuestros intereses y el interés nuestro es el de la provincia, porque en definitiva la empresa es la que da empleo, paga impuestos”.
Al igual que Gamboa, Tríodi aseguró que se reunirá con la FEM “para ver de qué manera se puede destrabar esto, porque es imprescindible que se destrabe para poder seguir funcionando”.
En esa línea, indicó que “si se compara a Mendoza con el resto del país, es una discusión sin sentido porque un 3% de endeudamiento del presupuesto no es nada, sobre todo en una provincia que viene bajando el endeudamiento. Vale la pena hacer un esfuerzo para destrabar esto y que no se paralice la provincia”.
Por último dijo que “los empresarios vamos a tratar de instalar diálogo entre las partes”.
Cámara de Comercio de San Rafael: Hugo Bianchi
Hugo Bianchi destacó que “es necesario llamarnos a la reflexión para poner esta situación en orden lo más pronto posible, ya que esto no sólo tiene impacto en las finanzas del Gobierno provincial sino que se derrama sobre toda la economía. Hay mucha actividad económica que depende de lo que sucede en el Estado provincial. Entonces, si esta situación se dilata estamos enfrentando una situación de quiebre de la cadena de pagos que va a repercutir sobre las empresas, puestos de trabajo, comercio”.
Y agregó: “Es importante que todo el arco político (oficialismo y oposición) se tome en serio esta situación y trabaje en estructurar una solución, viendo los números desde el punto de vista real. En el caso de hacer alguna observación, que sea con una actitud proactiva para que no se transforme en una situación que afecte a toda la cadena de pago”.
Por último agregó que “el trámite judicial no invalida el diálogo político. Lo importante es llegar a un acuerdo sobre la realidad de la Provincia y ver qué es lo mejor para Mendoza”.
