Reventa de entradas: sumario a otro fiscal

Nota de Tiempo Argentino

El Comité Evaluador del Ministerio Público Fiscal ya elaboró un nuevo sumario administrativo que podría complicar la situación del fiscal José María Campagnoli en caso de resultar absuelto de su actual juicio político. Se trata de un expediente donde se condensó una serie de irregularidades similares a la de la causa contra Lázaro Báez, pero en este caso vinculadas a la reventa de entradas en el club River Plate, una trama que involucró a barras, dirigentes y policías.

En este sumario, los fiscales estimaron que Campagnoli debería recibir una sanción por el cúmulo de acusaciones a su instrucción que le formuló el juez a cargo de la causa, Fernando Caunedo.

El propio magistrado solicitó que además se abra una causa penal por las filtraciones del expediente a la prensa, que en este caso estaba delegado y bajo secreto de sumario, por lo que era desconocido para todas las partes, excepto para el fiscal. El juez entendió que este punto fue esencial para frustrar su avance.

«Objeto procesal mal delimitado. Hipótesis delictiva sin fundamentación. Investigación paralela a una en curso en otro fuero. Datos incorrectamente recolectados. Imprecisiones en las medidas. Violación de secreto.» Ese es el listado de las deficiencias que Caunedo encontró en la causa por reventa de entradas que, durante un año y medio, instruyó el fiscal suspendido de Núñez y Saavedra, y que fueron expresadas en un crítico fallo que incluso dispuso anular algunas medidas de prueba, base del análisis del Comité Evaluador disciplinario. Entre esas nulidades se encontraron registros de comunicaciones pedidos a la Policía Metropolitana, que no habían sido autorizadas por el juez.

«Campagnoli no se ha ocupado de investigar y documentar cuál es el marco normativo que regula las entradas de acceso al estadio para los socios (…) y para los no socios», sostuvo el juez. Y advirtió que el procurador «sólo transcribió (…) la información que al respecto bajó de Internet, con motivo de un partido puntual del mes de marzo» de 2014.

MEDIOS. La filtración selectiva de partes de la causa –que estaba bajo secreto de sumario– a la prensa, incluida la escucha a Diego Rodríguez, hermano de la ministra de Seguridad, María Cecilia Rodríguez, provocaron que se dejaran sin efecto medidas pedidas por Campagnoli. Una situación que «ha frustrado lo que había sido su propósito», apuntó el juez. A pesar de que Campagnoli en su defensa argumentó que fue corrido de la fiscalía por haber formado parte de esta pesquisa que involucraba al hermano de la funcionaria, Caunedo solicitó que se extraigan testimonios de la escucha en la que supuestamente se proponía un negocio de lavado de dinero a Rodríguez en base a la participación de Austral Construcciones y de Báez para que sea el juez de la causa principal, Sebastián Casanello, quien tome intervención.

«El fiscal Campagnoli ha ido ensanchando el objeto procesal, que inicialmente se circunscribió al desvío de las entradas; para incluir nuevas hipótesis delictivas de diversa índole (..) para después hacer referencia a los delitos de encubrimiento, violación de secretos, ocultación y/o destrucción de pruebas que atribuyó a personal de la SIE, y directamente incluir el presunto lavado de dinero de fondos que pertenecerían a Austral Construcciones de Lázaro Báez», sintetizó el juez, en referencia a algunos de los reproches que le hizo por cargos que no tenían relación con su investigación original y que debió haber tramitado en vía separada y en nuevos procesos.

La denuncia del ex espía Rivaud

El desplazado oficial Alejandro Rivaud, cuya imputación en la causa por reventa de entradas en River Plate dejó al descubierto un nuevo escándalo de espionaje en la Policía Metropolitana, denunció al suspendido fiscal José María Campagnoli por haber «plantado» evidencia que derivó en la acusación en su contra en ese expediente. En una denuncia que se radicó días antes del comienzo del juicio político por mal desempeño y abuso de autoridad, el ex agente de Inteligencia de la Policía Federal acudió a la justicia penal para acusar a Campagnoli por «falsedad ideológica en instrumento público» y por haber concretado una intervención telefónica ilegal con el fin de involucrarlo en una causa relacionada con los barras, lo que provocó, entre otras cosas, que pasara a disponibilidad en la fuerza.

Para demandar al fiscal, Rivaud no recurrió a un abogado provisto por la policía porteña, sino que se asesoró con alguien conocido de Campagnoli: el abogado Anibal Mathis, un importante penalista que había representado a la familia del asesinado barra Gonzalo Acro, cuya muerte fue investigada precisamente por el suspendido fiscal. En su escrito, el ex espía lo acusó de «incorporar en forma voluntaria, ilícita y dolosa» un abonado telefónico para dar sustento a la causa, además de no investigar a quien sería un revendedor a gran escala y violar el régimen de sorteos para quedarse con la nueva denuncia. El abogado pidió una serie de medidas de prueba entre las que se cuenta una pericia sobre un celular secuestrado que dio origen a la investigación.