El Gobierno prepara una múltiple ofensiva judicial

Expertos en controversias entre países trabajan en un litigio con los Estados Unidos que hará eje en las violaciones de competencias cometidas por el juez Griesa. En simultáneo, podría impugnar el contrato con el Bank of New York.

La República Argentina se convertirá esta semana en protagonista clave –sin habérselo propuesto voluntariamente– de un tablero poco transitado en el escenario internacional. Cinco días después del vencimiento del plazo para pagar los bonos reestructurados, cuyo cobro fue bloqueado por orden del juez estadounidense Thomas Griesa, según consignó Tiempo Argentino, el Estado argentino demandará ante diversos organismos y tribunales internacionales a quienes considera legalmente co-responsables de una sentencia a la que describe como abusiva, con inconsistencias técnicas y que transgrede cuestiones de competencia.

Tal como había anunciado explícitamente el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, la Argentina presentará una demanda en la Corte Internacional de La Haya contra los Estados Unidos –englobando a sus tres poderes– porque, según el Derecho Internacional, las decisiones de un sistema judicial que provocan consecuencias sobre otra nación deben ser denunciadas legalmente en el marco de un litigio de Estado a Estado. La presentación en La Haya, en la que ya está trabajando un equipo de abogados especialistas en controversias entre países, se sumará así a la investigación que ya está en curso en la Comisión Nacional de Valores (CNV), sobre la probable ejecución de una «estafa millonaria» –Axel Kicillof dixit– para favorecer a los fondos buitre con el desembolso de los seguros contra default.

La investigación de la CNV, que esta semana le pedirá información a la Securities Exchange Commission (SEC), autoridad regulatoria de las transacciones en la Bolsa de Nueva York, apunta a determinar si dos decisiones tomadas por Griesa pretendieron ex profeso beneficiar a los fondos especulativos NML Capital y Aurelius con el cobro de sumas millonarias. La primera medida que está bajo la lupa es la decisión del juez de delegar en los propios interesados –los buitres que litigaron contra el país– si correspondía o no aceptar el recurso del stay que reclamaba la Argentina como condición para un acuerdo de último momento. La otra medida que alimentó las sospechas, y que fue duramente criticada por Kicillof y su vice, Emmanuel Agis, fue la utilización de la palabra «default» por parte del mediador Daniel Pollack. «La Argentina estará inminentemente en default», dictaminó Pollack en un comunicado difundido el miércoles por la noche. Esas dos acciones del juez y su colaborador podrían haber buscado que las calificadoras de riesgo dictaminaran el default en el caso argentino para, así, permitir que los fondos buitre cobraran sus seguros.

La presentación en La Haya hará eje en las violaciones de competencia cometidas por Griesa, quien pareció tomar nota de sus excesos al autorizar con posterioridad el pago de los bonos emitidos con plaza legal en la Argentina, correspondientes al acuerdo con Repsol y al canje de deuda. Lo mismo hizo con los bonos en dólares con domicilio de pago en Europa, cuya habilitación fue la última medida tomada por el titular del Segundo Circuito de Nueva York antes del fin de semana. Otra presentación judicial que podría acompañar –en simultáneo– a la demanda en La Haya sería la impugnación del contrato con el Bank of New York (BoNY) como plaza legal de pago de los bonos de la deuda argentina. Esta iniciativa podría explotar lo que hasta ahora aparece como el aspecto más sensible del litigio para los intereses del sistema financiero estadounidense: el riesgo de pérdida de credibilidad y confianza en los bancos de EE UU por parte de las naciones que necesiten reestructurar sus deudas soberanas. Retirarse de Nueva York para elegir otras plazas tradicionales, como Londres, Luxemburgo o Tokio, o poner como jurisdicción los bancos del propio país, afectaría intereses muy concretos.

Para que la demanda contra Estados Unidos en La Haya se sustancie como causa –una controversia en la que ambas partes, los dos Estados, expongan sus argumentos jurídicos–, primero habrá que atravesar un período de negociación. No hay antecedentes cercanos de un litigio entre la Argentina y EE UU en la Corte Internacional de La Haya, tampoco existen –según abogados especialistas en Derecho Internacional– cláusulas o tratados bilaterales que establezcan la competencia del tribunal con sede en Holanda como la instancia definitiva para resolver una controversia. Sin embargo, eso no impediría que la Argentina pueda pedirle a EE UU que acepte para este caso la competencia de la Corte de La Haya. Potencia hegemónica desde mediados del siglo XX, Washington mantiene una historia contradictoria, llena de vaivenes, con ese tribunal. Hasta se podría utilizar la actual frase «doble estándar». En algunos conflictos, EE UU se presentó en La Haya para demandar a otro país. En otros juicios, en los que aparecía como demandado, Washington desconoció la competencia e incumplió los fallos, invocando la división de poderes dentro del Estado, o la autonomía de los 50 estados que forman la Unión.

BYE BYE NEW YORK. La posibilidad con la que cuenta la Argentina es presentar una demanda en La Haya e invitar a EE UU a que acepte la jurisdicción del tribunal instalado en la tercera ciudad de Holanda. Una negativa por parte de Washington tendría cierto costo político. Y además sumaría un elemento más para poner en discusión la imparcialidad y seguridad jurídica de la plaza financiera de Nueva York. Dicho en otros términos, las naciones que tuvieran un contrapunto con los fondos buitre a la hora de reestructurar sus deudas soberanas se encontrarían con que, emitir los bonos en jurisdicción estadounidense, implicaría asumir el riesgo de que no habrá otro tribunal de alzada por sobre la Corte Suprema de ese país que garantice una nueva instancia, independiente a la que recurrir. «Yo no sé si ahora, con nuestro caso, los países van a elegir Nueva York como plaza para fijar jurisdicción ante un eventual conflicto. Porque aparece como una plaza no confiable para dirimir conflictos con justicia, ajustados al Derecho Internacional», deslizó a Tiempo Argentino una fuente gubernamental vinculada a la justicia.

Durante la segunda jornada de la cumbre de los BRICS, que tuvo lugar en la ciudad de Brasilia, Cristina Fernández comparó la plaza financiera de Nueva York con las similares de Luxemburgo y Londres, que compiten globalmente por convertirse en la jurisdicción preferida para eventuales litigios por deuda soberana. «En Europa, por real ley de Bélgica y también legislación europea, a partir de este mismo fondo buitre que actuó sobre el Perú (NdR: en alusión a NML Capital, de Paul Singer), se dictó legislación específica que, precisamente, protegía la reestructuración soberana de las deudas», recordó la presidenta. La frase sonó a una advertencia dirigida a las autoridades del sistema financiero de EE UU pero también a la cúpula del Poder Ejecutivo de ese país. «Una primera consecuencia (NdR: de la actuación de Griesa en el litigio entre la Argentina y los fondos buitre) será que los Estados abandonarán Nueva York como ámbito judicial para dirimir relativos a sus deudas», vaticinó a Tiempo Argentino un experto en Derecho Internacional que conoce muy bien el tribunal de La Haya y que sigue de cerca el caso.

En el gobierno argentino circula la hipótesis –a esta altura, casi una certeza– de que la administración de Barack Obama, más allá de la división de poderes del sistema republicano, podría haber hecho mucho más para evitar que el fallo de Griesa pusiera en crisis la renegociación de la deuda de 2005 y 2010. La propia presidenta aludió a la responsabilidad última del Estado cuando el Poder Judicial de ese país se excede en el uso de sus potestades, generando un perjuicio grave sobre otra nación soberana. La expresión más contundente de este principio del ordenamiento jurídico internacional fue desarrollada por Capitanich. «La sentencia (de Griesa), como sabemos, ha sido convalidada, por acción u omisión, en todas las instancias del sistema judicial de los Estados Unidos. Por esta mala praxis, EE UU es responsable de no actuar adecuadamente. Aquí se abren múltiples instancias en materia internacional. Por ejemplo, la apelación ante la Corte Internacional de La Haya respecto de la introducción de instancias, con y sin medida cautelar. (…) La comunidad internacional no puede avalar la acción de grupos minúsculos que pretenden fulminar procesos de reestructuración de deuda de un país soberano», adelantó el jefe de Gabinete en su habitual rueda de prensa.

La serie de iniciativas que prepara la Argentina guarda también un capítulo para la próxima asamblea general de las Naciones Unidas, que se realiza cada septiembre, donde se podría lanzar una convocatoria a regular las renegociaciones de deuda soberana poniendo límites al accionar de los bonistas minoritarios, como sucede en las quiebras de privados. Otra opción que contempla la Argentina es que el conflicto sea debatido a fin de año en la cumbre de jefes de Estado del G-20 en Australia. Según contó Cristina, la brasileña Dilma Rousseff pidió incorporar esta discusión en la agenda de la cumbre.

México: «no hay default»

El embajador de México en Buenos Aires, Fernando Castro Trenti, expresó el apoyo de su país a la Argentina en el litigio con los fondos buitre y rechazó que el país se encuentre en default, como indicaron el mediador Daniel Pollack y algunas calificadoras de riesgo.

A través de un comunicado, Castro Trenti consideró que «de ninguna manera puede considerarse un proceso de default cuando un país solvente realiza puntualmente los pagos y se bloquea el cobro a sus bonistas». «México rechaza de forma enérgica el accionar de estos fondos, cuyo modelo de negocios obstaculiza el logro de acuerdos definitivos entre deudores y acreedores y condiciona futuras reestructuraciones de deuda y la estabilidad financiera internacional», prosiguió. El diplomático reseñó que en la presentación de México como Amicus Curie ante la Corte Suprema de Estados Unidos, «se enfatizó que esas sentencias alteran las doctrinas de inmunidad soberana y desestabilizan el sistema monetario internacional al crear incentivos que comprometen futuras reestructuraciones de deuda». «México valora el compromiso de Argentina de continuar honrando sus deudas y manifiesta la necesidad de que se permita el cobro por parte de los bonistas de los pagos actualmente bloqueados por decisiones judiciales», añadió la Embajada.

Estrategia en marcha

Estafa: Denunciar la posible comisión de una estafa con los seguros contra default desde la Comisión Nacional de Valores (CNV), para lo cual deberá intervenir la Securities Exchange Commission (SEC), autoridad monetaria de los bancos estadounidenses.

La Haya: Iniciar una demanda contra Estados Unidos (como máximo responsable de las decisiones de su Poder Judicial) ante la Corte Internacional de La Haya. Esa presentación deberá primero atravesar un período de negociación, ya que EE UU podría negarse a aceptar la jurisdicción.

Contratos: Denunciar los contratos con el Bank of New York (BoNY), ya que la Argentina podría considerar que incumplió con la orden de que el dinero depositado a los bonistas llegara a sus verdaderos dueños: los tenedores de deuda reestructurada. Elegir otra plaza legal para los títulos de la deuda: Buenos Aires, Luxemburgo, Londres o Tokio.

La CNV prepara el planteo ante la SEC

El titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Alejandro Vanoli, aseguró ayer que la entidad de contralor bursátil iba a trabajar durante el fin de semana para terminar de elaborar la presentación que realizará ante la Securities and Exchange Commission (SEC) de los Estados Unidos, para que investigue la existencia de algún tipo de delito económico o financiero por uso de información privilegiada en el litigio con los fondos buitre.

El Ministerio de Economía planteó en una presentación que habría una posible irregularidad en el uso de los seguros de default. «El tema adicional que se va a presentar ante la SEC es el hecho de que los que tomaron la decisión de que estos seguros se gatillen, lo hicieron en el marco de una organización internacional que agrupa a los agentes que operan en derivados financieros», entre los que se encuentran también grupos relacionados con los fondos buitre, dijo Vanoli.

«Vamos a pedir a la SEC que abra una investigación y provea a la CNV de los elementos para poder investigar en la Argentina también, ya que los mercados de bonos están ligados a los seguros de default», agregó, y destacó que «el uso de información privilegiada y la manipulación del mercado son delitos penales tanto en la Argentina como en Estados Unidos». Aquí, estas figuras fueron incorporadas en diciembre del 2011 cuando se aprobó la ley de delitos económicos a instancias del GAFFI.